El fiscal chavista, Tarek William Saab, rechazó este viernes la preocupación de dos relatores de la ONU por el caso de los seis sindicalistas condenados a 16 años de cárcel, lo cual calificaron como un «abuso crónico» de las leyes antiterroristas.
Por medio de un comunicado, Saab dijo que tal denuncia carece de «base». Al mismo tiempo, insistió en que los trabajadores sociales pertenecen a una «banda subversiva y conspirativa».
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En esa misiva, el fiscal precisó que los seis sindicalistas no son «luchadores sociales» sino «conspiradores».
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«El MP rechaza que se orquestara una campaña. Esta pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se deben a su supuesta participación en organizaciones sociales», agregó.
En seguida, Saab indicó que los detenidos «pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP)». «Este grupo planificó realizar varias acciones en contra del Gobierno«, dijo.
#COMUNICADO….El @MinpublicoVEN manifiesta su #desacuerdo con pronunciamiento de relatores de la ONU.
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y… pic.twitter.com/yGW2yEPFmk
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 11, 2023
En su alegato, entre ellas está «asaltar un conscripto de alistamiento militar» en el estado Mérida. El supuesto objetivo de ello era «apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto».
«Con estas armas planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio del año pasado por el aniversario de la independencia venezolana, en las que participaría el presidente Nicolás Maduro y el alto mando militar», argumentó.
PRESUNTAS EVIDENCIAS
Del mismo modo, añadió que presuntamente, se les incautó una serie de «evidencias de interés criminalístico». Las aparentes pruebas «los vinculan a este grupo subversivo».
«Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó, durante el juicio, alguna constancia que los acreditara como miembro de una organización sindical«, subrayó.
Por último, indicó que en Venezuela «se aplican los derechos del debido proceso, que incluyen el derecho a la defensa y el derecho de los condenados a recurrir al fallo como efectivamente lo hicieron».
