La ONG Provea denunció este miércoles que Eduardo Torres, abogado defensor de derechos humanos y miembro de la organización, sigue desaparecido, a pesar de que las autoridades confirmaron su detención.
El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó el martes que Torres fue detenido por formar parte de una «conspiración». Un día después, Provea advirtió que «han transcurrido más de 100 horas desde la desaparición» del abogado.
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«Pese a que el fiscal general reconoció su detención, seguimos sin conocer el paradero de Torres, las circunstancias en las que fue detenido y las condiciones de su reclusión», explicó Provea en sus redes sociales.
Han transcurrido más de 100 horas desde la desaparición del defensor Eduardo Torres. #DóndeEstáEduardo
Pese a que el Fiscal General reconoció su detención, seguimos sin conocer el paradero de Torres, las circunstancias en las que fue detenido y las condiciones de su reclusión.… pic.twitter.com/0vchD20Zml
— PROVEA (@_Provea) May 14, 2025
La ONG consideró que la Fiscalía ha prolongado la «desaparición forzada» de Torres. Además, alertó que esta situación aumenta los riesgos para la «integridad física y psíquica» del abogado.
«VIOLA EL DEBIDO PROCESO»
Provea subrayó que las autoridades han violado el «debido proceso» de Torres. También consideró que «somete a trato cruel, inhumano y degradante a los familiares de Eduardo Torres debido a la angustia y la incertidumbre que están sufriendo».
«Si cursaba una investigación contra Torres, la omisión de información a sus familiares sobre la detención y el paradero del abogado constituyó una abierta aceptación de la comisión del delito de desaparición forzada», alertó Provea más temprano.
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La ONG destacó que la Fiscalía no precisó fecha, hora o lugar de la detención de Torres y no informó de inmediato sobre su captura. «Tampoco informó sobre la existencia de alguna orden de aprehensión», acotó.
La Fiscalía imputó a Torres por los delitos de conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación. La acusación alega que el abogado organizó «focos de violencia» para las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo.
