El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta, propuso una modificación de la ley de arrendamientos para que se genere una seguridad jurídica que permita que muchas viviendas desocupadas entren al mercado.
«Nosotros seguimos insistiendo en la modificación de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, la cual tienen que proporcionar seguridad jurídica para que miles de viviendas que están desocupadas puedan salir al mercado», dijo en entrevista con Román Lozinski en Éxitos.
En este sentido, explicó que en el lapso de cinco años al menos 250.000 viviendas saldrían al mercado. «Estas viviendas serían ofertadas por esos propietarios que actualmente las tienen desocupada; eso por supuesto, aumenta la morosidad de los condominios».
EL MERCADO SE HA MANTENIDO ESTABLE
Con respecto a los precios del mercado inmobiliario, señaló que para este año se han mantenido estables con una ligera alza.
«En cuanto a precios hay un leve aumento en algunas ciudades del país, pero no sobrepasan el 5 % de los precios», precisó.
A su juicio, este es un buen momento para las personas que quieran comprar en el país «porque ya no se percibe que vengan más caídas». Sin embargo, consideró que «no es buen momento para el que quiera vender».
En esta línea, afirmó que es necesario que la ley permita mayor facilidad a los inversores extranjeros.
«Ningún extranjero, residente o no en el país puede otorgar un documento, notaría o registro sin una habilitación previa. Nosotros vemos eso con mucha preocupación porque no solo afecta a los negocios inmobiliarios, sino el otorgamiento de poderes», explicó.
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«Lo que hemos solicitado es que eso se levante, porque no tiene sentido que un extranjero residente en Venezuela tenga que cumplir un paso que no tiene que cumplir un venezolano. Eso afecta la inversión, que es lo que estamos buscando en estos momentos», prosiguió.
ES PREOCUPANTE LA SITUACIÓN DE LOS ALQUILERES
Para finalizar, señaló que la ley venezolana sigue sin ofrecer protección a quienes decidan alquilar sus inmuebles.
«La situación de los alquileres lamentablemente sigue igual que hace años. En cualquier país del mundo, si el inquilino incumple o el arrendatario solicita el inmueble, debe haber un procedimiento judicial que lo restituya», detalló.
«En este caso, por un amparo del TSJ están paralizados los desalojos desde hace más de 10 años. Cerca de 2.500 sentencias no pueden ser ejecutadas y eso trae inseguridad jurídica y temor de las personas por alquilar sus inmuebles», concluyó.
