El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió el jueves que activistas y abogados documenten los casos de los jóvenes y adolescentes detenidos en las protestas postelectorales y los presenten ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante las manifestaciones, varias ONG alertaron que más de 100 menores de edad fueron detenidos. En ese sentido, el OVP sostuvo que se trata de violaciones de derechos humanos y deben ser llevados ante la justicia internacional.
«Estos casos deben ser documentados y presentados ante la CPI, pues las torturas, las detenciones arbitrarias, la persecución a grupos y la desaparición forzada son calificados de crímenes de lesa humanidad», indicó en X (Twitter).
El OVP sostuvo que el Estado causó un «daño irreparable» a los jóvenes y adolescentes detenidos «arbitrariamente» en las protestas. «Aunque hoy están en casa con sus familiares, no olvidemos que siguen sometidos a un proceso judicial», acotó.
«El régimen de Maduro no solo detuvo arbitrariamente a adolescentes y jóvenes, también los sometió a torturas, tratos crueles e inhumanos durante su detención causando daños irreparables en su salud física y mental», añadió.
OVP EXIGE MÁS LIBERACIONES
El Ministerio Público anunció la excarcelación de casi mil personas, aunque el Foro Penal solo ha verificado menos de 200 casos. Sin embargo, el OVP subrayó que se deben dar más liberaciones por parte de las autoridades.
«Insta al gobierno de Nicolás Maduro a que libere sin restricciones a todos los detenidos arbitrariamente antes y después de las elecciones presidenciales en Venezuela», agregó el organismo.
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Desde el @oveprisiones condenamos el daño irreparable que el Estado venezolano causó a los jóvenes y adolescentes detenidos arbitrariamente en el contexto de las manifestaciones poselectorales.
Aunque hoy están en casa con sus familiares no olvidemos que siguen sometidos a un… pic.twitter.com/OwJ7LLZwGq
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) December 26, 2024
El OVP sostuvo que se deben «reparar» los daños que han sufrido los detenidos y sus familiares. «Muchos de ellos tuvieron que mudarse temporalmente de estados y abandonar sus empleos para acompañar a sus seres queridos», sentenció.
La CPI tiene una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Cada vez son más los llamados de ONG y activistas de sumar al caso los hechos que se dieron tras las elecciones.