El Panel de Expertos Internacionales Independientes designado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) publicó este martes un nuevo informe sobre la situación en Venezuela y los crímenes de lesa humanidad.
En una conferencia de prensa celebrada en La Haya, Santiago Cantón y Joanna Frivet presentaron conclusiones alarmantes que revelan «las reformas institucionales de Venezuela que perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas».
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«Las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis. Hay preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel. Esto indica una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)», señalaron los expertos en un comunicado.
LOS CASOS QUE PRESENTARON LOS EXPERTOS
En este sentido, el panel de la OEA destacó dos casos que, a su juicio, son «ilustrativos» del problema generalizado en Venezuela. Allí se indica que los «perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI».
Entre ellos mencionan a Calixto Ortega. Jefe de la misión diplomática de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
«En su condición de tal, se le atribuye haber colaborado activamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias. Esto mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo. Como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros», dice el informe.
Asimismo, señalan a Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de la Revolución Judicial.
«Él es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria. Así como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN, Gustavo González López, quien de facto dependía de él», aseguraron los expertos.
Santiago Cantón consideró que «el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad». Esto en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
LAS CONCLUSIONES EN EL INFORME SOBRE VENEZUELA
Las principales conclusiones del informe demuestran que las reformas introducidas por Venezuela se quedan cortas en varias áreas críticas:
- Erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica.
- No establece mecanismos eficaces y viables de rendición de cuentas para llevar a los presuntos responsables ante la justicia.
- Sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes.
«El panel ha llegado a la conclusión de que las víctimas venezolanas siguen existiendo en un vacío legal. Esto sin derechos sustantivos a reparaciones», manifestó Joanna Frivet.
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En ese orden de ideas, emitieron una recomendación al fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional (CPI).
«Debe centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional. Debido a la falta de voluntad y la incapacidad del Gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad», señalaron.
