La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron el viernes la investigación que inició la fiscalía venezolana contra la primaria del 22 de octubre, por lo que instaron a no criminalizar las «iniciativas de participación ciudadana».
«Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis. Resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana», precisan en un comunicado.
LEA TAMBIÉN: MP EMITE CITACIONES PARA MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PRIMARIA, IRÁN «EN CALIDAD DE INVESTIGADOS»
En la misiva, hicieron énfasis en la importancia de los acuerdos firmados en Barbados entre la Plataforma Unitaria y el chavismo. En consecuencia, advierten que para que las negociaciones «contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024».
#Venezuela: #CIDH insta al Estado a implementar acuerdos, con garantías para la participación política.#DerechosHumanos 👉🏾 https://t.co/DZGb7TObaW pic.twitter.com/iRg4arRYKj
— CIDH – IACHR (@CIDH) October 27, 2023
Tanto la CIDH como la RELE destacaron que están totalmente enterados de la investigación penal que abrió la Fiscalía. Esta citó para este lunes a tres directivos de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP) en calidad de «investigados». Entre ellos figura el presidente, Jesús María Casal.
La Comisión Interamericana condenó ello. Expresan que «no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política».
«PERSISTEN RESTRICCIONES ARBITRARIAS»
En la comunicación, la CIDH sostuvo que en Venezuela las restricciones a la participación política de opositores se mantiene. También la persecución por motivos políticos y las «iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil».
La relatoría y la comisión lamentaron también que en Venezuela, en lo que va de año, al menos nueve emisoras cesaron funciones. Todo esto «por órdenes administrativas». Además enfatizan que se «censuraron temas, programas y entrevistados».
«El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación», recalcaron.
