Más de 400 ONG emitieron un comunicado donde rechazan el proyecto de ley que intenta «suprimir el derecho de libre asociación» en Venezuela. Dicha normativa lleva por nombre “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
Las organizaciones manifestaron que esta se da en un contexto de «ataques y hostigamiento contra la sociedad democrática del país». Asimismo, señalaron que esto incluye la «persecución contra sindicalistas y líderes gremiales, así como los obstáculos y judicialización de periodistas y medios de comunicación independientes».
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El 23 de enero, la Asamblea Nacional electa en 2020 aprobó el proyecto de ley, sobre el cual no se discutió su contenido. Tras ello, tildaron de irrespeto al procedimiento establecido para la formación de leyes en el país.
Asimismo, las ONG reprocharon que tal normativa «cierra el espacio cívico». También, añaden, permite la «cooptación del tejido social y tomar represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana». Además alertaron que viola «los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano y la Constitución nacional».
Adicionalmente advirtieron que de aprobarse, se le quitarían sus capacidades y libertadas a la sociedad venezolana. Describen que así no podrán asistirse, expresarse, organizarse, defender derechos, participar en asuntos públicos, entre otros.
LAS GRAVES CONSECUENCIAS
Las ONG citaron las disposiciones más graves del proyecto de ley en el documento. Una de ellas es la siguiente:
«Declara la inexistencia de todas las formas de asociación sin fines de lucro (asociaciones, fundaciones y todas sus formas de unión), ya registradas o que funcionen de hecho, mientras no se adecúen a las disposiciones de la ley, una vez aprobada, violando el principio de irretroactividad; y las somete a un nuevo régimen jurídico de control del Estado, previo cumplimiento de un sistema de registro uniformado, cuyos requisitos son obligatorios para contar con autorización, por acto resolutivo emanado de la autoridad competente. Aquellas con domicilio extranjero, además de ser habilitadas para trabajar en el país, también deberán cumplir con este sistema de registro, dispuesto en la ley».
Otra es: «La desproporción en materia de requisitos del nuevo sistema de registro, obligatorios y de renovación constante, sin límites de tiempo, ni criterios claros de evaluación, ni de garantías de debido proceso, en caso de negaciones, haría imposible su cumplimiento, dejando a todas las asociaciones y fundaciones en una situación de inseguridad jurídica indefinida. A ello se suman sistemas de registro adicionales en manos del propio Estado, no implementados y que los órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos han evaluado como instrumentos violatorios de la libertad de asociación y los estándares del espacio cívico».
