(EFE).- La dirigente opositora venezolana Delsa Solórzano denunció este domingo que el preso político Víctor Hugo Quero está desaparecido desde su detención, el 1 de enero de 2025, lo que consideró como un caso de «extrema gravedad que compromete la responsabilidad del Estado».
En la red social X, la exdiputada indicó que la madre del detenido, Carmen Teresa Navas, de 81 años, ha recorrido cárceles e instituciones públicas «sin obtener información sobre el paradero de su hijo», y señaló que recientemente el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) cambió el equipo encargado de la investigación.
Entretanto, «la familia continúa sin saber dónde está Víctor», dijo Solórzano.
«Cuando una persona es detenida por el Estado y las autoridades se niegan a informar su paradero, estamos ante una desaparición forzada. Nuestra Constitución lo prohíbe expresamente en su artículo 45, que establece que ninguna autoridad puede practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas, ni siquiera en estados de excepción», aseguró.
La opositora, quien salió de la clandestinidad el pasado enero tras 17 meses oculta, exigió información sobre el paradero de Quero y que «se determinen las responsabilidades correspondientes».
A su juicio, este caso «vuelve a evidenciar el patrón de graves violaciones de derechos humanos que se ha consolidado en Venezuela, donde la detención arbitraria, la incomunicación y las desapariciones forzadas se han convertido en mecanismos de persecución política».
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«Mientras tanto, centenares de presos políticos siguen injustamente privados de libertad. Tal como advertí cuando aprobaron, la llamada amnistía no se está aplicando automáticamente, sino que queda a discreción de jueces que durante años sirvieron de instrumento de la persecución política. La libertad no puede depender de la arbitrariedad. La ley debe cumplirse», agregó.
En febrero, el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999, pero que se aplicará de forma específica a los vinculados con 13 «hechos» ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares.
El Gobierno niega que haya presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG de derechos humanos y partidos opositores.
El pasado miércoles, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos presos en el país, indicó que un total de 508 personas están detenidas por motivos políticos, entre ellas 44 extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad.
La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez «pretende prolongar el terror».
Machado hizo un llamamiento a la comunidad internacional a «mantenerse alerta, acompañar la demanda legítima de los familiares y organizaciones de derechos humanos y aumentar la presión sobre los represores del régimen». EFE
