Un juez federal impidió que el Gobierno de Donald Trump revocara el TPS a unos 5.000 migrantes venezolanos aproximadamente, pese a la decisión que tomó en febrero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar la extensión del programa que se decretó durante el gobierno de Joe Biden.
Edward E. Chen, juez de distrito en San Francisco, decidió el viernes en la noche que miles de venezolanos podían conservar los permisos legales para extender el estatus. En su fallo, escribió que si los documentos indican que su TPS finaliza en octubre de 2026, tales ciudadanos no pueden exponerse a la deportación mientras el caso está en curso y, por ende, podían conservar dicha documentación.
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El juez argumentó que Noem se excedió en su autoridad al revocar los permisos legales otorgados previamente a los migrantes. La secretaria invalidó en febrero pasado la documentación de los venezolanos, al tiempo que cancelaba el TPS que se les había otorgado.
La anulación además se produjo pese a que en los últimos días del Gobierno de Joe Biden, el DHS extendió el TPS hasta octubre del próximo año. Como resultado, esto generó fuertes críticas y acciones legales que impulsaron ONG defensoras de migrantes, tal es el caso de la Alianza Nacional de TPS.
Diversos abogados presentaron demandas para solicitar que se conservaran los permisos, alegando que su eliminación arriesgaría los trabajos y la estabilidad de muchas familias. Los documentos comprendían autorizaciones de trabajo y otros papeles que permitían a miles de venezolanos vivir y laborar legalmente en EEUU.
Es de aclarar que la medida de Chen contempla solamente a 5.000 migrantes venezolanos aproximadamente.
TRUMP, AUTORIZADO PARA REVOCAR EL TPS A 300.000 VENEZOLANOS
El pasado 19 de mayo, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración de Trump para avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 migrantes venezolanos, allanando así el camino para posibles deportaciones masivas.
La decisión del máximo tribunal aprobó una solicitud de emergencia presentada por el gobierno. La única disidencia fue de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson, quien indicó que habría rechazado la petición. El caso, no obstante, seguiría su curso en tribunales inferiores.
El TPS es un programa federal vigente que otorga protección legal y permisos de trabajo temporales a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. En marzo de 2021, la administración de Biden designó a Venezuela como país elegible, citando la profunda inestabilidad política y social que atraviesa la nación sudamericana.
