La Asamblea Nacional electa en el 2020 aprobó este jueves 27 de abril en segunda discusión, el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la cual busca actuar contra los bienes adquiridos por actividades ilegales.
El organismo aprobó la ley que comprende 46 artículos y cuatro capítulos. Además, fue el diputado Diosdado Cabello quien presentó esta medida en marzo pasado y aclaró que “se van a crear juzgados especiales para este tema”.
En la sesión de este jueves el presidente de la AN 2020 Jorge Rodríguez dijo que la ley «es una herramienta fundamental para combatir la corrupción y darle un uso útil al bien recuperado, caiga quien caiga».
Mientras tanto, Cabello agregó que esta nueva ley «contribuirá a atacar el flagelo».
Básicamente esta ley permite que las autoridades tomen medidas contra los bienes adquiridos con recursos procedentes de actividades ilícitas. En ese sentido, estas propiedades pasarán a manos del Estado.
LEY RETROACTIVA
Durante su primera discusión en marzo, Cabello aclaró que esta ley permitirá actuar en contra de quienes hayan incurrido en delitos antes de la aprobación de la medida.
En consecuencia, se trata de un instrumento retroactivo que podrán emplear en casos de corrupción.
«Esta Ley permitirá enajenar a título honroso los bienes vinculados con actividades ilícitas luego de la extinción de dominio y utilizar los recursos obtenidos para alimentar el tesoro nacional», agregó Cabello.
Asimismo, indicó que esta ley permitirá actuar sobre los bienes que hayan sido comprados legalmente, pero usados para cometer delitos.
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El diputado indicó que esta ley surgió tras el escándalo de malversación de fondos que se hizo público recientemente. “Una corrupción que va más allá de los funcionarios públicos, incluye a empresarios, asociados, amigos en detrimento del patrimonio nacional”, dijo.
Esta ley se podrá aplicar contra venezolanos o extranjeros vinculados a delitos cometidos contra el Patrimonio Público, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes y quienes se han enriquecido ilícitamente con el amparo del poder público.
Una vez sancionada en segunda discusión la Ley pasará a manos de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para completar el procedimiento, informó el Parlamento.
