Albert Martín Maíz Nadales, director de la Oficina Nacional de Supervisión del Registro Civil e Identificación del Consejo Nacional Electoral (CNE), lleva varios meses desaparecido tras, presuntamente, haber sido detenido.
La ONG Provea informó este martes en redes sociales sobre la desaparición de Maíz. De acuerdo a la denuncia de su familia, el funcionario fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas el pasado 27 de noviembre.
«Desde entonces, su familia perdió todo contacto. Cuatro meses han pasado», alertó Provea. La familia aseguró que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Ggcim) detuvieron a Maíz.

«Días después, en la sede de Boleíta, les confirmaron que estaba detenido allí y les permitieron entregarle medicamentos, ya que Albert es paciente bariátrico, hipertenso y con tensión ocular», añadió la ONG.
CARGOS CONTRA MAÍZ
Poco después, la familia regresó a la sede de la Dgcim el 16 de diciembre y descubrieron que Maíz había sido trasladado. «Desde entonces, han recorrido múltiples centros de reclusión sin obtener información», expone la denuncia.
Maíz habría sido presentado el 20 de marzo ante el Tribunal 2.º de Terrorismo. La familia conoció extraoficialmente que el funcionario era acusado de «traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir».
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Recibimos denuncia de presunta desaparición forzada y detención arbitraria a manos de la DGCIM contra Albert Martín Maíz Nadales, funcionario del CNE.
El 27 de noviembre 2024, Albert fue citado a una reunión en la sede del CNE en Caracas, donde se desempeñaba como director de la… pic.twitter.com/0PZwNs6VYN
— PROVEA (@_Provea) April 1, 2025
Las autoridades no habrían permitido designar un abogado privado para Maíz. A la vez que el defensor público asignado al caso no brinda información a la familia, se les ha negado contacto con el detenido. Tampoco le han hecho llegar sus medicinas.
Provea, a la vez que exigió la liberación de Maíz, confirmó que la familia ha presentado demandas al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y un Habeas Corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, no han recibido respuesta.