Amnistía Internacional (AI) emitió este viernes una alerta frente al «grave riesgo» que supone para las ONG el proyecto de ley de regularización de estas que la Asamblea Nacional de mayoría chavista busca aprobar.
«Todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal», indicó AI en una comunicación
«Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo represalias y de criminalización», recalcaron.
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Asimismo, Amnistía Internacional compartió una carta enviada a Jorge Rodríguez, presidente de ese parlamento. En la misiva, ponen en manifiesto su preocupación por el reimpulso a dicho proyecto de ley sobre las ONG.
Por los momentos, este aún espera por una discusión y circunstancias para su aprobación total. Esta se dará tras una consulta pública que dio inicio el pasado 9 de enero.
Por último, AI exhortó a la Asamblea Nacional a que ponga «fin de inmediato» al proyecto legislativo, además de «todos los ataques a la sociedad civil».
LEY «SEVERA»
De acuerdo al primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la ley promovida por el parlamento para fiscalizar y regular a las ONG en Venezuela será muy severa.
«Ya comenzamos la consulta pública, ya algunos comenzaron a chillar. Pero se acabó la mamadera de gallo con las oenegés en este país», aseveró Cabello en la más reciente emisión de su programa semanal Con el Mazo Dando.
Entre las ONG que nombró estuvo el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). «Van a tener que rendir cuentas de hasta el último centavo», dijo.
Por su parte, Julio García Zerpa, diputado chavista, explicó que las ONG tienen prohibido recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos. Así como realizar actividades políticas. Promover y permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República. Y cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana.
«¿Cuál es la sanción si esto sucede? Se podrán tomar medidas administrativas, proporcionales y adecuadas contra las ONG mediante la apertura de un procedimiento administrativo que podrá implicar la suspensión de actividades y la disolución de oficio de la ONG. Perdería su personalidad jurídica», apuntó.
