La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes un informe sobre la situación en las cárceles en el 2024 y brindó un balance de los fallecidos, fugas y motines en los centros de reclusión.
Este organismo puntualizó que 149 personas murieron mientras estaban privados de libertad, a lo que se sumaron 79 fugas. Mientras tanto, la OVP contabilizó 17 motines en cárceles y calabozos de Venezuela, según el informe.
«149 personas murieron bajo custodia del régimen venezolano: 105 en cárceles, 40 en calabozos policiales y 4 presos políticos. A estas muertes se suman 74 heridos en centros penitenciarios, producto de motines, golpizas, omisión médica y requisas violentas», dijo el OVP.
Cabe destacar que 66 personas murieron por motivos de salud en las cárceles. «La mayoría de los fallecimientos ocurrieron por enfermedades no tratadas, hacinamiento extremo, insalubridad y negligencia sistemática», acotó.
En el caso de los calabozos, el OVP afirma que 23 de las 40 muertes estuvieron vinculadas con el «deterioro físico derivado de la falta de atención médica». También hubo 39 heridos, 56 fugas y 10 motines en centros de detención policial.
OVP ALERTÓ DE PRESOS POLÍTICOS
La organización puntualizó que, desde 2015, 22 presos políticos murieron en custodia del Estado. Tras las elecciones del pasado 28 de julio, el OVP registró «espacio de tortura y represión» entre los detenidos en las manifestaciones.
«Las detenciones posteriores a la jornada electoral se caracterizaron por la incomunicación prolongada, traslados arbitrarios, golpizas, aislamiento prolongado y reclusión en centros previamente clausurados, como Tocorón y Tocuyito», añadió.
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En este contexto, el OVP alertó de que, al menos, 158 menores de edad fueron detenidos tras las elecciones. «Documentó casos de jóvenes golpeados, incomunicados, sin contar con abogados de confianza ni contacto con sus familias», apuntó.
Por otra parte, advirtió que las «medidas de control en las prisiones son deficientes», puesto que ingresan armas, drogas y otros objetos prohibidos. Esto se daría por la «complicidad o negligencia» de los funcionarios.
