La justicia española rechazó este martes la acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad en contra de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y el exministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres.
Medios españoles revelaron que la Audiencia Nacional no aceptó el trámite de querella contra los funcionarios. Según este organismo, no hay evidencias firmes de que Ortega y Rodríguez incurrieron en crímenes de lesa humanidad.
Un juez del tribunal afirmó que la acusación se basa en «información de carácter periodístico». En tal sentido, consideró que el testimonio de la denunciante no es válido para «otorgar veracidad» a los delitos mencionados.
De igual forma, el juez consideró que la denuncia evidencia una «notoria vulneración de sus derechos fundamentales». «Relata un conjunto de hechos que deben ser calificados como un delito de torturas o contra la integridad moral», acotó.
Las autoridades españolas consideraron que la denunciante cuenta con evidencias de violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, al ser cometidos fuera de España y a una persona extranjera, la Audiencia Nacional no puede investigarlos.
¿CUÁLES FUERON LOS CRÍMENES?
La víctima, cuya identidad no ha sido difundida, era una activista que formó parte del partido Proyecto Venezuela. Según su denuncia, sufrió torturas, detenciones y violaciones entre 2003 y 2004 en dos episodios distintos.
En una ocasión, habría sido secuestrada, sedada e interrogada sobre militares disidentes. Luego unos funcionarios la sacaron a la fuerza de su domicilio y la llevaron a un cuarto donde fue «inmovilizada, golpeada y violada».
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La denunciante afirmó que las agresiones que sufrió fueron ordenadas por Rodríguez Torres, entonces director de inteligencia. Asimismo, aseguró que fue llevada a un tribunal en donde no se le tomó declaración por orden de Ortega Díaz.
La Fiscalía pidió a la justicia evaluar si estos crímenes podrían ser evaluados dentro de los procedimientos de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que ya tiene una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela.
