Con severa carta la organización Defiende de Venezuela advirtió, este jueves 15 de febrero, sobre las consecuencias de que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea expulsada del país.
La ONG rechazó que la medida sea una respuesta por la Oficina condenar las detenciones arbitrarias como la que se ejecutó contra la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. A ella, se le aisló e incomunicó, tras ser vinculada con supuestos planes golpistas.
«La Sociedad Civil en Venezuela presenta en la actualidad momentos muy oscuros en su historia. En los últimos días, el país ha experimentado un aumento de las tensiones dirigidas contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y todo apunta hacia la posible aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines», reza la misiva.
El canciller del chavismo, Yván Gil, anunció este miércoles 14 de febrero la suspensión de actividades de la Oficina en Venezuela.
LEA TAMBIÉN: CHAVISMO SUSPENDE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LA ONU
Gil aseguró que la decisión responde al papel que esta institución ha desarrollado, supuestamente en contra de Nicolás Maduro y las instituciones venezolanas.
«Lejos de tratarse de un ente imparcial se ha convertido en el bufete de los grupos golpistas y terroristas que se confabulan contra el país», dijo.
CONSECUENCIAS
En dicha carta, también se señaló que: «Este escenario plantea desafíos adicionales para la sociedad civil venezolana»
«Destacando la importancia de mantener la vigilancia y la movilización para salvaguardar los principios fundamentales en medio de estos desafíos», se remarcó.
Ezequiel Monsalve, coordinador de litigio internacional de Defiende Venezuela, explicó que podrían desencadenarse cinco consecuencias para el país:
Ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado, la primero de ellas. Además de limitación en la protección de los derechos humanos de los venezolanos.
También abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección.
Todo implicaría, igualmente, en limitaciones en el acceso de los relatores de la ONU al país. Además, de limitaciones en el acceso a información objetiva y veraz para informes de recomendación.
«Sin la presencia de un organismo internacional especializado, la capacidad de monitorear y abordar violaciones a los derechos fundamentales podría verse disminuida, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de la población«, continúa el texto.
«Es crucial subrayar la importancia de restablecer canales de diálogo y cooperación», exhortó la organización.
