Un reciente fallo del juez federal Edward Chen se ha bloqueado temporalmente la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos en EEUU.
Esta decisión representa un alivio momentáneo para aproximadamente 350.000 beneficiarios que enfrentaban la posibilidad de deportación inminente.
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El juez argumentó que la eliminación del TPS podría causar un daño irreparable a las familias afectadas y a la economía estadounidense, además de perjudicar la seguridad pública en diversas comunidades. Pero ahora todos se preguntan: ¿Qué sigue?
El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó a Univisión que el próximo paso será una audiencia en la que ambas partes presentarán sus argumentos.
En este proceso, el gobierno deberá justificar su decisión de revocar el TPS, demostrando que Venezuela es un país seguro para el retorno de sus ciudadanos.
Sin embargo, el caso podría prolongarse, ya que existe la posibilidad de que llegue a la Corte Suprema, lo que añade incertidumbre al futuro de los beneficiarios.
«El juez dio una demora a la revocación. Se tienen que ver en una semana los dos bandos. En estas audiencias que vienen, el Gobierno debe demostrar cómo llegó a la conclusión que Venezuela ya es un país seguro para el regreso de migrantes», explicó.
«Después de eso, ya sea por parte de los venezolanos o de la administración Trump, el caso me imagino que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU», señaló.
El TPS, creado en 1990, ha sido un salvavidas para personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias. En el caso de Venezuela, la designación se otorgó en 2021 debido a la crisis humanitaria registrada bajo chavismo.
Desde entonces, el programa ha permitido a los beneficiarios trabajar y vivir legalmente en EEUU, contribuyendo significativamente a la economía y la sociedad del país.
