El pasado sábado, 12 de julio, venció el plazo legal para que el gobierno estadounidense anunciara si extenderá el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que lo recibieron en 2021.
Sin embargo, no hubo pronunciamiento oficial, lo que ha generado una ola de incertidumbre entre los más de 300.000 beneficiarios de esta protección migratoria.
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Según la normativa, la decisión debía comunicarse al menos 60 días antes de la expiración del programa, prevista para el 10 de septiembre de 2025.
De acuerdo con la cadena Telemundo, la activista Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, denunció que esta omisión no es nueva.
Indicó que casos similares ocurrieron con el grupo de venezolanos que recibió TPS en 2023 y los beneficiarios hondureños, quienes fueron informados del fin del programa justo el día de vencimiento.
“No lo cumplieron con nosotros en el grupo del 2023. No lo cumplieron con Honduras. Incluso, con Honduras esperaron que pasaran los 60 días y justo ese día les dijeron: ‘No, se acabó’”, denunció Ferro.
Aunque algunos interpretan el silencio como una posible extensión automática de seis meses, Ferro reiteró que esa suposición no tiene respaldo legal firme y que ya ha fallado en el pasado.
La falta de claridad ha encendido las alarmas entre organizaciones defensoras de migrantes, que han interpuesto demandas contra la administración Trump por presuntas irregularidades en el manejo del TPS.
Este miércoles, 16 de julio, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California celebrará una audiencia clave que podría definir el futuro de miles de venezolanos protegidos por el programa.
Es de recordar, que el gobierno apeló una decisión que impedía deportar a venezolanos con TPS mientras se resuelve el litigio principal.
También se espera una nueva vista judicial el 1 de agosto en San Francisco.
Lo cierto, es que el impacto humano es profundo. El TPS ha permitido a cientos de miles de venezolanos trabajar legalmente y construir una vida en Estados Unidos. Sin una extensión, muchos perderían sus permisos laborales y quedarían expuestos a procesos de deportación.
Por tanto, la comunidad migrante vive en zozobra, mientras espera una decisión que podría cambiar radicalmente su destino.
