El presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha anunciado su intención de revocar el estatus migratorio de al menos 5.8 millones de extranjeros que llegaron a Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden.
Esta medida forma parte de una serie de políticas migratorias más estrictas, que Trump planea implementar, una vez asuma el cargo.
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La revocación del estatus migratorio afectaría a millones de personas que han obtenido permisos temporales de residencia y trabajo bajo la administración anterior.
Entre las prioridades de deportación del presidente electo se encuentran los más de 660.000 migrantes con antecedentes criminales.
Además, el «zar de la frontera», Tom Homan, confirmó que 1.4 millones de personas ya tienen una orden de deportación. Aseveró que también están listas para ser transferidas al sistema de inmigración una vez cumplan sus sentencias.
Como es de esperarse, estas medidas han generado preocupación entre los defensores de los derechos de los migrantes, quienes temen que la implementación de estas políticas resulte en la separación de familias y la deportación de personas que han vivido en el país durante años.
La propuesta de Trump también incluye la eliminación de programas de protección temporal y la restricción de nuevas solicitudes de asilo.
Estas políticas buscan reducir la migración ilegal y fortalecer la seguridad fronteriza, pero han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos y líderes comunitarios.
Estas organizaciones argumentan que las medidas podrían tener consecuencias devastadoras para las comunidades migrantes y no abordan las causas subyacentes de la migración ni de la criminalidad en EEUU.
