Jhon Chacín, un tatuador venezolano de 35 años, se «entregó» voluntariamente a las autoridades migratorias de EEUU con la esperanza de ser deportado a Venezuela tras la denegación de su solicitud de asilo. Sin embargo, en un giro inesperado, fue enviado a la megacárcel de El Salvador, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miembros de pandillas y criminales peligrosos.
De acuerdo con NBC News, esa es la versión de su familia, que conmocionada, exige respuestas y justicia. Afirmaron que Chacín no tiene antecedentes penales ni vínculos con actividades ilícitas.
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El traslado de Chacín a El Salvador ocurrió después de que su vuelo a Venezuela fuera cancelado. No pudo viajar debido a condiciones climáticas adversas.
Según su hermano, Eudomar Chacín, Jhon expresó temor y confusión antes de ser llevado a la prisión salvadoreña junto con otros 300 venezolanos.
La familia lo identificó en videos difundidos por el gobierno de Nayib Bukele, lo que confirmó su paradero.
«Siento ganas de llorar todo el tiempo. Es un muchacho bueno y sano, no tenía vicios, es cristiano, toda mi familia es cristiana», afirmó Eudomar, de 56 años y residente en Florida, a dicho medios de comunicación.
«Quiero justicia y libertad para mi hermano. Y quiero que regrese a Venezuela», sostuvo el pariente del tatuador venezolano.
Este caso ha generado críticas hacia las políticas migratorias de Estados Unidos y su colaboración con otros países en la gestión de deportaciones.
Nicolás Maduro ha calificado esta acción como una violación de los derechos humanos y ha exigido la liberación de los deportados.
Maduro prometió «rescatar a nuestros jóvenes que están secuestrados» y denunció que estas deportaciones son parte de una estrategia política que estigmatiza a los migrantes venezolanos.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han señalado la falta de transparencia en el proceso y el impacto devastador en las familias afectadas.
La megacárcel de El Salvador, inaugurada bajo la administración de Bukele, ha sido objeto de controversia. Sobre todo, por sus condiciones extremas y su enfoque punitivo.
Aunque se diseñó para combatir el crimen organizado, críticos argumentan que su uso para albergar a migrantes deportados sin pruebas de actividades delictivas plantea serias preocupaciones éticas y legales.
