Yuriana Julia Peláez Calderón, una mujer mexicana de 41 años, fue acusada por las autoridades federales de orquestar un falso secuestro atribuido a agentes migratorios de los Estados Unidos en Los Ángeles.
De acuerdo con medios locales, la supuesta desaparición, denunciada por su familia y abogado en una conferencia de prensa el 30 de junio, afirmaba que Peláez había sido interceptada por hombres enmascarados. Específicamente, en el estacionamiento de un restaurante y trasladada a San Ysidro. Se afirmó que la presionaron para firmar su deportación voluntaria.
LEA TAMBIÉN: SE ACERCÓ A INVESTIGAR UN BARCO «ABANDONADO» Y LO QUE DESCUBRIÓ FUE MACABRO
De hecho, la historia, que generó una ola de indignación y solidaridad, fue reforzada por una campaña en GoFundMe. La creó su hija y se buscaba recaudar al menos $4.500 dólares.
Asimismo, el relato incluía detalles dramáticos: hombres sin identificación, amenazas, y una supuesta reclusión en una bodega secreta. Sin embargo, la narrativa comenzó a desmoronarse cuando agentes federales confirmaron que Peláez no estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), lo que activó una investigación urgente por parte de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).
El 5 de julio, a Peláez la localizaron en un centro comercial en Bakersfield. Especificaron, que a más de 200 kilómetros del lugar de su presunto secuestro.
Aunque existían pruebas en su contra —como videos de seguridad que la captaron saliendo sola del restaurante y datos telefónicos que desmentían su relato— la mujer sostuvo que la secuestraron hombres enmascarados junto a otras personas.
Sin embargo, las autoridades concluyeron que todo había sido una farsa cuidadosamente planeada.
CONSPIRACIÓN BIEN ORQUESTADA
De acuerdo con las autoridades federales, la familia de la mujer organizó una conferencia de prensa para el 6 de julio (día posterior al arresto). La misma tenía la intención de incentivar más donaciones y acceder a otros apoyos.
Por tanto, el Departamento de Justicia calificó el caso como una “conspiración bien orquestada” con fines pecuniarios y mediáticos.
Según las autoridades, además de desviar recursos valiosos de investigaciones reales, el engaño puso en riesgo la credibilidad de denuncias legítimas. También alimentó la desinformación sobre el actuar de las autoridades migratorias.
“Desviar recursos cruciales de las fuerzas del orden no solo es imprudente e irresponsable, sino que también pone en peligro a la comunidad”, declaró Eddy Wang, agente especial de HSI en Los Ángeles.
