La Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) fustigó al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por el respaldo que este ha dado a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) impulsado por el actual presidente de EEUU, Donald Trump.
A través de una breve misiva, la organización consideró que «resulta alarmante», el cambio de posición hecho por Rubio ante esta herramienta, la cual defendió mientras era senador.
«Resulta alarmante que Rubio, quien como senador defendió fervientemente el TPS para los venezolanos y abogó por su protección frente a la crisis humanitaria en Venezuela, haya revertido su postura sin explicación alguna», cuestionó Veppex en la misiva.
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En este sentido, hicieron referencia a una supuesta carta enviada por Rubio a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el pasado 31 de enero, «donde argumenta que el TPS para Venezuela no prioriza los intereses de Estados Unidos».
Para la organización esta carta de Rubio, a la cual tuvo acceso el Miami Herald, «contradice su historial de apoyo a nuestra comunidad y su firme oposición al régimen de Nicolás Maduro».
Por esta razón, exigieron a Marco Rubio aclarar «las razones detrás de este cambio drástico y que reconsidere su apoyo a una medida que pone en peligro a más de medio millón de venezolanos».
Por último, Veppex aseguró que «seguirá defendiendo los derechos de los venezolanos en el exilio y luchando por la protección de quienes huyeron de la dictadura».
CORTE SUPREMA FRENÓ EXPULSIÓN DE VENEZOLANOS POR LA LEY DE ENEMIGOS EXTRANJEROS
La Corte Suprema de EEUU bloqueó la madrugada de este sábado la deportación de venezolanos detenidos en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, no usada desde la Segunda Guerra Mundial.
En una escueta orden, el alto tribunal instruyó al Gobierno de Donald Trump a que no expulse a los venezolanos retenidos en el Centro de Detención Bluebonnet. Esto hasta que dicha corte emita una nueva ordenanza.
El máximo tribunal estadounidense actuó en respuesta a un recurso de emergencia que interpuso la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés). Este grupo de abogados argumentó que las autoridades migratorias parecían estar tomando medidas para reanudar las deportaciones, en virtud de la ley extraordinaria.
La Corte Suprema había dicho previamente que las deportaciones podían seguir. Esto sería siempre y cuando quienes estuviesen a punto de ser expulsados contasen con la oportunidad de defender su caso ante un tribunal. Así, se les concedería un «tiempo razonable» para impugnar las deportaciones pendientes.
