El presidente de EEUU, Donald Trump, y los republicanos habrían intensificado sus esfuerzos para destituir al juez federal James Boasberg, quien bloqueó temporalmente las deportaciones de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
De acuerdo con lo reseñado por Forbes, este movimiento político ha generado un debate sobre la separación de poderes y el papel del Poder Judicial en Estados Unidos.
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Como se sabe, la decisión del juez Boasberg, quien detuvo las deportaciones sin vistas judiciales previas, ha sido criticada por Trump como una «usurpación del poder ejecutivo».
El congresista republicano Brandon Gill presentó artículos de destitución en la Cámara de Representantes, iniciando el proceso legislativo para cesar al juez Boasberg.
Sin embargo, expertos legales señalan que las posibilidades de éxito son mínimas, ya que el proceso requiere el apoyo de dos tercios del Senado, incluyendo votos de senadores demócratas.
A pesar de esto, figuras cercanas a Trump, como Steven Miller y Lauren Boebert, han respaldado públicamente la campaña para destituir al juez, acusándolo de ser un «activista» y de «robar la voz del pueblo estadounidense».
La controversia surge en un contexto de tensiones políticas y migratorias. Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite la expulsión de extranjeros sin juicio previo, para deportar a más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Sin embargo, el juez Boasberg bloqueó estas deportaciones, argumentando que el uso de esta ley plantea serias implicaciones legales y constitucionales.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió una reprimenda contra los intentos de destituir al juez Boasberg, recordando que el circuito de apelaciones es el recurso adecuado para cuestionar decisiones judiciales.
