El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió una nueva guía después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, el 19 de mayo, aceptara la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia para anular la orden emitida por un tribunal de distrito de California, la cual suspendía la cancelación del TPS para Venezuela.
Lo que se detalló, es que para aquellos que se registraron bajo la designación de TPS para Venezuela de 2023, los documentos de autorización de trabajo caducaron el 2 de abril de 2025, y el TPS expiró el 7 de abril de 2025.
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No obstante, aquellos que recibieron documentos de autorización de trabajo o notificaciones de aprobación antes o el 5 de febrero de 2025 –con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026– mantendrán su TPS y documentación (incluyendo la autorización de trabajo). Seguirán siendo válidos hasta que se resuelva la demanda presentada por la Alianza Nacional de TPS ante un tribunal de distrito de California. Esta busca evitar la cancelación del TPS para Venezuela.
Con esta determinación, los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) con códigos A12 o C19 de Venezuela, con fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2022, el 10 de marzo de 2024, el 2 de abril de 2025, el 2 de febrero de 2026 o el 2 de octubre de 2026 (sujeto a la salvedad anterior), ya no son válidos para fines de verificación de empleo.
Para quienes se registraron bajo la designación TPS para Venezuela de 2021, los documentos de autorización de trabajo expiraron el 10 de marzo de 2025, mientras que el TPS se extiende hasta el 10 de septiembre de 2025.
Asimismo, se instó a los empleadores a revisar sus registros I-9, para verificar si se han visto afectados por estos cambios
La cancelación del TPS no solo afecta a los individuos, sino también a sus familias y comunidades. Sin la protección del programa, muchos venezolanos enfrentarán riesgo de deportación, pérdida de empleo y separación familiar.
Es por ello, que organizaciones civiles han advertido sobre el peligro de deportaciones masivas e instado a los afectados a buscar asesoría legal para explorar alternativas migratorias.
