EEUU «negocia» con Bukele devolución de un venezolano deportado a El Salvador: Esta es su identidad

Luis Alfredo Ledezma
6 Min de Lectura
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El gobierno de Donald Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría liderando negociaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para facilitar el regreso de un migrante venezolano deportado «por error» a ese país.  
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El gobierno de Donald Trump anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaría liderando negociaciones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para facilitar el regreso de un migrante venezolano deportado «por error» a ese país.  

De acuerdo con lo reseñado por Univisión, este caso ha generado controversia, ya que la expulsión del joven, identificado en documentos como Cristian, violó una orden judicial previa que protegía su permanencia en EEUU.  

Vale aclarar, que Cristian es el seudónimo con el que aparece identificado el joven venezolano Daniel Lozano-Camargo en los registros judiciales. 

Lo cierto, es que la administración Trump ha enfrentado críticas por su manejo de deportaciones erróneas, y este parece un esfuerzo que representa un intento de corregir una de esas decisiones. 

Según documentos judiciales, Rubio asumió personalmente las conversaciones con Bukele debido a su larga relación con el mandatario salvadoreño.  

El Departamento de Estado destacó que Rubio posee una profunda experiencia diplomática con El Salvador y comprende las sensibilidades políticas del país, lo que lo convierte en un negociador clave en este proceso.  

“Basándose en su profunda experiencia diplomática con El Salvador y en la familiaridad del secretario con las sensibilidades políticas y diplomáticas de ese país, se está encargando personalmente de las conversaciones con el gobierno de El Salvador en relación con las personas sujetas a la orden judicial detenidas en El Salvador», dijo el Departamento de Estado en una declaración incluida en un documento judicial. 

Sin embargo, no está claro cuándo comenzaron estas negociaciones ni por qué ha tomado tanto tiempo traer de vuelta al venezolano deportado. 

El caso de Cristian no es el único en el que la administración Trump ha sido obligada a corregir una deportación errónea. A finales de mayo, el gobierno también anunció que estaba trabajando para traer de vuelta a EEUU a un ciudadano guatemalteco. Este último fue deportado a México «por error».  

Estos incidentes han puesto en evidencia fallos en el sistema de deportaciones. Esto ha generado preocupaciones sobre el cumplimiento de órdenes judiciales por parte del gobierno liderado por Trump. 

A pesar de los esfuerzos de Rubio, el propio Trump ha minimizado la necesidad de negociaciones prolongadas. Afirmó que una simple llamada con Bukele sería suficiente para resolver el problema.  

Pero, hasta el momento, el presidente ha evitado tomar esa acción, alegando sin pruebas que los deportados podrían estar vinculados a actividades criminales.  

Esta postura ha generado críticas de defensores de los derechos de los migrantes. En concreto, consideran que el gobierno está retrasando intencionalmente el regreso de personas que fueron expulsadas injustamente. 

Lo que se detalló, es que en abril, la jueza de distrito Stephanie Gallagher ordenó al gobierno facilitar el regreso del venezolano de 20 años deportado a El Salvador. 

“El secretario Rubio leyó y entendió la orden de la corte y quiere asegurar a esta corte que está comprometido a hacer todas las diligencias y esfuerzos necesarios para cumplir esa orden”, reza el documento. 

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¿QUIÉN ES LOZANO-CAMARGO?  

Nacido en Maracaibo, Venezuela, Lozano-Camargo llegó a EEUU en 2022, con apenas 17 años. Al ingresar sin documentación, lo trasladaron a un centro para menores migrantes, donde permaneció hasta alcanzar la mayoría de edad. 

Posteriormente, se estableció en Houston, Texas, donde trabajaba en un negocio de lavado de autos. No obstante, su estatus migratorio se vio comprometido. Esto, tras ser arrestado en dos ocasiones por posesión de drogas en 2024. 

En junio lo detuvieron por portar entre uno y cuatro gramos de cocaína. Al no comparecer ante el tribunal en octubre, perdió los beneficios de su libertad condicional. Un mes más tarde, volvió a ser arrestado. Esta vez con menos de un gramo en su poder. 

En enero, aceptó su culpabilidad como parte de un acuerdo con la fiscalía. Lo condenaron a 120 días de prisión. Tras cumplir parte de la pena, lo entregaron a las autoridades migratorias. 

A pesar de contar con un permiso de trabajo válido y una solicitud de asilo activa —que legalmente le otorgaban protección contra la deportación—, el gobierno de Trump lo expulsó en marzo al CECOT. Se le acusó de estar vinculado con la pandilla venezolana Tren de Aragua.

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