En un giro insólito dentro del sistema judicial de EEUU, Nolveiro Vera Ordóñez, un migrante venezolano de 30 años, sorprendió a una jueza en Manhattan al solicitar ser encarcelado voluntariamente.
Acusado de delitos menores como hurto y vandalismo, el venezolano enfrentaba cargos que normalmente no requerían prisión preventiva.
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Sin embargo, según lo citado por medios locales como New York Post, su petición tenía un objetivo claro: evitar ser detenido por cinco agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los mismos, lo esperaban fuera de la sala del tribunal.
La jueza Rachel Pauley, aunque calificó la solicitud como “altamente inusual”, accedió a fijar una fianza de 100 dólares y ordenó su traslado a prisión.
Esta decisión, lejos de ser un castigo, representó un alivio para el migrante, quien logró evadir una detención inmediata y posible deportación.
Su estrategia, aunque extrema, le permitió ganar tiempo frente a un sistema migratorio cada vez más agresivo con los migrantes indocumentados. Aunque su situación migratoria y legal continúe igual.
El caso de Vera Ordóñez no es aislado. En las últimas semanas, agentes del ICE han intensificado operativos en las inmediaciones de tribunales de inmigración, especialmente en Nueva York.
Es recurrente, que migrantes que acuden a citas programadas con el Programa de Comparecencia de Supervisión Intensiva (ISAP, por sus siglas en inglés) terminen arrestados al salir de sus audiencias. Esta táctica, impulsada por políticas migratorias más estrictas, ha generado temor entre quienes intentan regularizar su situación.
Lo cierto, es que la acción de Vera Ordóñez pone en evidencia el dilema que enfrentan muchos migrantes: cumplir con la ley puede exponerlos a la deportación.
