La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que el presidente Donald Trump podrá suspender el programa de parole, el permiso de permanencia temporal con el que casi medio millón de migrantes residen legalmente en ese país.
La medida afectará principalmente a miles de ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ya no podrán trabajar legalmente y quedarán vulnerables a deportaciones.
Días antes, la Corte Suprema también facilitó la revocación de un programa similar que otorgaba permisos de trabajo a cientos de miles de venezolanos.
La orden emitida este viernes no fue firmada por los jueces. Además, las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson expresaron su desacuerdo con la decisión. Aunque la resolución no es definitiva, dado que el caso continuará su curso en tribunales inferiores, el fallo sí permite al Gobierno proceder de inmediato con la aceleración de deportaciones de quienes se encontraban amparados bajo este programa.
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El programa de “parole” data de la década de 1950, cuando la ley federal de inmigración comenzó a contemplar permisos temporales por razones humanitarias u otras. Bajo el mandato del presidente Dwight D. Eisenhower, se popularizó por primera vez ya que miles de refugiados húngaros recibieron este tipo de permiso tras la represión soviética que siguió a la Segunda Guerra Mundial.
Durante su mandato, el presidente Joe Biden reactivó esta política al anunciar en 2023 la apertura del “parole” a migrantes cualificados de los cuatro países mencionados, siempre y cuando pasaran una verificación de antecedentes y contaran con un patrocinador estadounidense. La iniciativa buscaba ofrecer una vía legal ordenada, en contraste con los cruces fronterizos irregulares. En contraste, Donald Trump firmó un decreto en su primer día de mandato con el objetivo de acabar con ese programa.
La ley federal otorga a la secretaria de Seguridad Nacional, actualmente Kristi Noem, una amplia discreción para conceder o retirar permisos de este tipo. Sin embargo, sigue la controversia legal sobre si esta autoridad puede aplicar las deportaciones de manera generalizada o si se requiere una revisión individual de cada caso.
LA DISPUTA SIGUE
La jueza federal Indira Talwani, designada por Barack Obama, emitió una orden que impide al Gobierno eliminar por completo el programa sin revisiones individuales. En su fallo, indicó que el Ejecutivo aún podría revocar permisos a ciertos individuos tras análisis caso por caso.
El Gobierno de Biden argumenta haber evaluado individualmente a cada migrante antes de otorgar los permisos.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston y compuesto por jueces nombrados por Biden y Obama, respaldó la decisión de Talwani el pasado 5 de mayo. El tribunal manifestó dudas sobre la autoridad de Noem para cancelar el programa en bloque.
Este caso se enmarca dentro de más de una docena de apelaciones de emergencia recibidas por la Corte Suprema desde el retorno de Trump a la presidencia en enero, muchas de ellas centradas en temas migratorios.
