La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a la administración de Donald Trump avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300.000 migrantes venezolanos, allanando así el camino para posibles deportaciones masivas.
La decisión del máximo tribunal aprueba una solicitud de emergencia presentada por el gobierno. La única disidencia fue de la jueza liberal Ketanji Brown Jackson, quien indicó que habría rechazado la petición. El caso, no obstante, seguirá su curso en tribunales inferiores.
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¿QUÉ ES EL TPS Y EN QUÉ AFECTA A LOS MIGRANTES VENEZOLANOS?
El TPS es un programa federal vigente que otorga protección legal y permisos de trabajo temporales a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. En marzo de 2021, la administración de Biden designó a Venezuela como país elegible, citando la profunda inestabilidad política y social que atraviesa la nación sudamericana.
La medida legal que ahora se disputa corresponde a una nueva designación adoptada en octubre de 2023, y prorrogada en enero de 2024, semanas antes de que Donald Trump asumiera nuevamente la presidencia. Esa extensión tenía vigencia hasta octubre de 2026.
Sin embargo, en febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revocar esa extención del TPS, lo que significaría que las protecciones para los venezolanos podrían expirar este mismo año. La medida fue detenida por el juez federal de distrito Edward Chen, en California, quien argumentó que existía preocupación de que la decisión estuviera «basada en parte en animadversión racial».
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«Las acciones de Noem significaron que los inmigrantes afectados enfrentaran una ‘posible deportación inminente'», escribió el magistrado Chen.
En su solicitud de emergencia a la Corte Suprema, el procurador general D. John Sauer defendió la potestad del Poder Ejecutivo de tomar decisiones discrecionales en materia migratoria.
“La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la política migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, rápida y discrecional”, sostuvo.
La medida la impugnó la Alianza Nacional TPS y varios venezolanos afectados, quienes sostienen que el intento de revocación representa un uso indebido del poder ejecutivo.
«No debería ser sorprendente que sean los tribunales federales quienes digan cuál es la ley», afirmaron los abogados en su presentación judicial. Además, advirtieron que si la revocación entra en vigor, desencadenará «pérdida de empleos y deportaciones generalizadas a un país inseguro».
