La Corte Suprema de EEUU aprobó este lunes, 23 de junio, la reanudación de deportaciones de migrantes a países distintos a los de su origen.
Esta medida, solicitada por el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, permite que personas sean enviadas a terceros países —incluso aquellos marcados por conflictos armados como Sudán del Sur— sin notificación previa ni oportunidad de apelar.
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El fallo revierte temporalmente una orden del juez federal Brian Murphy, que exigía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informar con antelación a los migrantes sobre su destino y brindarles la posibilidad de invocar el temor a la tortura.
La Corte no ofreció explicación sobre su decisión, pero las tres juezas liberales — Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— votaron en contra.
Sotomayor calificó la medida como una “recompensa a la ilegalidad” y acusó al gobierno de ignorar fallos judiciales previos.
El centro del conflicto legal gira en torno a la Convención contra la Tortura. La misma, ratificada por EEUU en 1994, prohíbe deportaciones a países donde exista «riesgo de tortura».
Sin embargo, la aplicación de esta norma ha sido ambigua, especialmente en cuanto a los derechos procesales mínimos que deben garantizarse.
El DHS argumenta que, si recibe garantías del país receptor de que no habrá tortura, no está obligado a informar al migrante sobre su destino.
La administración Trump sostiene que muchos de los migrantes afectados tienen antecedentes penales graves. Sin embargo, los abogados defensores han desmentido esta afirmación, señalando que muchos no tienen condenas.
La medida afecta a personas originarias de países como Cuba, Vietnam y Laos, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser enviados a destinos con los que no tienen ningún vínculo previo.
Este fallo representa otra victoria para la línea dura del gobierno de Trump en materia migratoria, pero también plantea serias preguntas sobre el respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales.
La Corte ha emitido varios fallos favorables a Trump en materia migratoria. Recientemente, avaló su decisión de terminar con el Estatus de Protección Temporal para ciudadanos venezolanos. También de restringir los programas de parole humanitario destinados a cubanos, nicaragüenses y haitianos (también venezolanos).
