El estado de Florida (EEUU) está en el centro de una controversia legal tras la insistencia en la aprobación de la ley SB 4-C, que convierte en delito menor el ingreso de migrantes sin estatus legal al territorio estatal.
La legislación, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, ha sido suspendida temporalmente por una jueza federal, quien argumentó que la norma podría ser inconstitucional al interferir con la autoridad exclusiva del gobierno federal en materia migratoria.
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A pesar de la suspensión, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, solicitó este miércoles que se permita su aplicación. Todo, mientras se resuelve la apelación en tribunales superiores.
La ley SB 4-C establece que cualquier persona sin autorización migratoria que ingrese o reingrese a Florida podría enfrentar cargos penales, incluso si reside legalmente en otro estado.
Además, otorga a las autoridades estatales y locales la facultad de arrestar a quienes eludan a las agencias federales de inmigración.
Defensores de la legislación sostienen que su implementación fortalecería la seguridad pública. También que ayudaría a combatir la inmigración ilegal, mientras que críticos afirman que fomenta la discriminación y podría dar lugar a arrestos erróneos.
La suspensión de la ley fue ordenada por la jueza federal Kathleen Williams el pasado 4 de abril. La funcionario concluyó que existía una alta probabilidad de que la norma fuera declarada inconstitucional.
La magistrada extendió la orden de restricción tras recibir informes de que agentes estatales habían arrestado a más de una docena de personas bajo la ley SB 4-C. Esto, incluyendo a un ciudadano estadounidense.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Coalición de Inmigrantes de Florida presentaron recursos legales contra la legislación. En concreto, argumentaron que invade competencias federales.
El fiscal general Uthmeier ha defendido la ley, asegurando que no contradice la normativa federal y que representa un ejercicio legítimo de la soberanía estatal.
Sin embargo, la jueza Williams advirtió que la aplicación de la norma podría generar conflictos legales adicionales. Especialmente, dijo, si las autoridades estatales continúan realizando arrestos bajo su amparo.
La disputa ha derivado en una serie de audiencias judiciales y apelaciones que podrían prolongarse durante meses antes de que se emita un fallo definitivo.
Mientras el debate legal continúa, la comunidad migrante en Florida permanece en estado de incertidumbre ante la posibilidad de que la ley entre en vigor.
DÍA CLAVE
En medio de todo este complejo marco, la audiencia del 29 de mayo se mira como será decisiva para determinar si el estado de Florida podrá continuar defendiendo la implementación de la ley mientras avanza el proceso de apelación.
Tanto las organizaciones demandantes como el fiscal general han expresado su intención de presentar argumentos adicionales, según informaron AP News y la ACLU de Florida en sus comunicados oficiales.
