Los 49 migrantes, en su mayoría venezolanos, enviados a Massachusetts en un polémico viaje ordenado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, son «víctimas de un crimen». En consecuencia, están habilitados para obtener una visa y quedarse en Estados Unidos, según la oficina del alguacil del condado Bexar (Texas).
El alguacil de Bexar, Javier Salazar, señaló este jueves en un comunicado que «sobre la base de los testimonios de los migrantes transportados bajo promesas falsas, se investiga el caso como posible arresto ilegal«.
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Rachel Self, una abogada que ayuda a los migrantes en Massachusetts, dijo a la radioemisora WGBH de Boston, que la decisión de Salazar es parte de las solicitudes para que estos migrantes reciban visas tipo «U».
Estas visas están reservadas para víctimas de crímenes o testigos de crímenes. Por tanto, Salazar señaló que su oficina ha hecho la presentación ante los tribunales federales «para asegurar que los migrantes estén disponibles como testigos durante la investigación».
EL DAÑO HECHO A LOS MIGRANTES
La directora de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Massachusetts, Carol Rose, explicó que «esta certificación (hecha por Salazar) es un reconocimiento del daño hecho a nuestros clientes y un paso crucial para ayudarles a que se abran camino«.
«Los inmigrantes son seres humanos no fichas políticas», agregó. «Estamos orgullosas porque Massachusetts recibió a estos inmigrantes con compasión y seguiremos trabajando con ellos cuando empiezan sus vidas en nuestra comunidad», según la agencia EFE.
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Los migrantes, en su mayoría venezolanos, estaban en San Antonio (Texas). Sin embargo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, organizó su traslado a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Además de la investigación en Texas, el traslado ordenado por DeSantis enfrenta varias demandas en cortes. Asimismo, el Departamento del Tesoro investiga al republicano. Esto se debe a la sospecha de utilizó de manera inapropiada fondos de ayuda para la pandemia de la COVID-19 para pagar por los vuelos.
