La Relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, denunció el supuesto «hostigamiento» al que estaría sometiendo el gobierno de Nicolás Maduro a la abogada y exconstituyentista, María Alejandra Díaz, luego de que esta introdujera un amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pidiendo la publicación de los resultados, segregados, de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Satterthwaite advirtió que la letrada, experta en derecho constitucional, recibió una «injusto castigo» por parte del máximo tribunal venezolano, lo que, a su juicio, forma parte de un patrón de intimidación contra defensores de derechos humanos en Venezuela.
Leer Más
La experta expresó su «grave preocupación» por lo que calificó como una sanción «impuesta sin base legal clara, con un procedimiento opaco y sanciones desproporcionadas». Esta incluyó una multa económica significativa, la suspensión de su ejercicio profesional y la apertura de un proceso disciplinario sin acceso pleno a la sentencia.
LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: VENEZOLANO REVELÓ ESPELUZNANTES DETALLES SOBRE EL ABUSO SEXUAL QUE SUFRIÓ EN EL CECOT POR PARTE DE LOS CUSTODIOS
«Este caso parece formar parte de un patrón más amplio de intimidación dirigido a silenciar a abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos», agregó Satterthwaite en la comunicación oficial enviada al gobierno venezolano el pasado mes de mayo, cuya publicación fue divulgada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos tras 60 días sin recibir respuesta de las autoridades criollas.
Según el procedimiento establecido por la ONU, las comunicaciones que no reciben respuesta gubernamental en ese plazo se desclasifican y se difunden públicamente, en cumplimiento del principio de transparencia y protección de defensores.
USAN A FAMILIARES COMO MEDIDAS COERCITIVAS
En paralelo, la relatora Satterthwaite denunció presiones, amenazas y hostigamiento, contra la abogada venezolana, incluyendo la detención de familiares cercanos que, según la propia Díaz, buscan forzar su entrega a las autoridades mediante coerción indirecta.
La jurista, de reconocido pasado chavista, advirtió públicamente que se trata de una represalia por ejercer su labor de defensa constitucional y por denunciar la falta de transparencia en el proceso electoral que consolidó el tercer mandato de Nicolás Maduro.
