Volker Türk, alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por las deportaciones de venezolanos que en los últimos meses ha hecho el gobierno de los Estados Unidos hacia El Salvador.
«Según datos oficiales estadounidenses, entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos. En particular, la suerte y el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse», señaló en un comunicado divulgado por la ONU.
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En este sentido, recalcó especialmente lo que están viviendo los venezolanos en las cárceles de El Salvador, y cómo han violado sus derechos.
«A muchos de ellos los deportaron en virtud del Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales específicos. Están presuntamente detenidos en el centro de máxima seguridad ‘Centro de Confinamiento del Terrorismo’ (CECOT) en El Salvador, un lugar donde los detenidos reciben un trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin otro contacto con el mundo exterior», dijo.
VIOLACIONES AL DERECHO INTERNACIONAL
Destacó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha obtenido información, a través de familiares y abogados, sobre más de 100 venezolanos que estarían detenidos en el CECOT.
«Esta información indica que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del Gobierno de Estados Unidos de deportarlos para ser detenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que no pudieron recurrir la legalidad de su deportación antes de ser expulsados de Estados Unidos», condenó.
«Esta situación es altamente preocupante en cuanto a una amplia gama de derechos que son fundamentales tanto en virtud del derecho estadounidense como del derecho internacional: los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros Estados, y a un recurso efectivo», afirmó Türk.
Asimismo, denunció que ni Estados Unidos, ni El Salvador han publicado listas oficiales de los detenidos, y su situación legal en El Salvador sigue sin estar clara. «Muchos de los familiares entrevistados por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresaron su profunda angustia por no saber dónde y en qué circunstancias están detenidos sus seres queridos».
El alto comisionado señaló que muchos de los familiares se enteraron de la deportación cuando reconocieron a sus seres queridos en videos publicados en redes sociales en los que aparecían en el CECOT. «Según la información recibida, las personas trasladadas de Estados Unidos a El Salvador no han podido hasta ahora ejercer efectivamente su derecho a recurrir su detención en ese centro».
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«Las familias con las que hemos hablado han expresado una sensación de total impotencia ante lo ocurrido y su dolor al ver a sus familiares calificados y tratados como delincuentes violentos, incluso terroristas, sin que ningún tribunal haya dictaminado la validez de lo que se afirma contra ellos», dijo el alto comisionado.
De igual forma, expresó preocupación por la «retórica degradante contra las personas migrantes». No obstante, destacó el rol que están llevando a cabo los tribunales en Estados Unidos que combaten estas medidas.
«Saludo el papel esencial que el poder judicial, la comunidad jurídica y la sociedad civil de Estados Unidos están desempeñando para garantizar la protección de los derechos humanos en este contexto», añadió Türk.
«He instado al Gobierno de Estados Unidos a que adopte las medidas necesarias para garantizar el debido proceso, dar efecto rápido y pleno a las decisiones de sus tribunales, salvaguardar los derechos de los niños y poner fin a la expulsión de cualquier persona a cualquier país en el que exista un riesgo real de tortura u otro daño irreparable», concluyó
