El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, presentó este miércoles un nuevo informe sobre Venezuela, en el que expusieron nuevos casos de desapariciones forzadas en los que han estado implicados los organismos de seguridad del país.
«Estas prácticas deben terminar inmediatamente», señaló durante la presentación del informe.
«Desde mayo de 2023 mi oficina ha documentado 28 casos de detenidos», indicó. Asimismo, precisó que a algunos los separaron de sus parientes y abogados, a pesar de los intentos de ellos para conseguir explicaciones de las autoridades. «Esto supone desapariciones forzadas, la falta de comunicación va de los dos a los 21 días», explicó.
PRESOS POLÍTICOS
Por otra parte, el informe de derechos humanos de la ONU alertó sobre los arrestos por motivos políticos que siguen sucediendo en Venezuela.
«Tomo nota de la liberación de dos líderes sindicales por su detención el 24 de junio, esto hace que el total de personas liberadas después de detenciones arbitrarias desde mayo de 2023 ascienda a 65, incluidas nueve mujeres. Algunas de estas liberaciones son condicionales y las personas tienen que presentarse periódicamente ante los tribunales», señaló el alto comisionado.
En este sentido, pidió a las autoridades venezolanas a que liberen a todas las personas que no han cometido algún delito.
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«Reitero mi llamado para que todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela sean liberadas, incluidas las que están todavía en detención previa y juicio, más allá de los límites establecidos por el derecho internacional», asentó.
«Eso incluye al defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, que el martes cumplió su tercer año en detención y su situación de salud se deteriora», recalcó.
Por otra parte, sostuvo que las irregularidades en el sistema de justicia no son exclusiva de los presos políticos. El alto comisionado señaló que encontraron varias situaciones irregulares entre la población penitenciaria común.
«Las personas siguen enfrentando cargos de terrorismo que no cumplen con las normas de derechos humanos internacionales, el principio de legalidad e incertidumbre jurídica y también hay problemas con el derecho a un juicio justo», alertó.
