La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU para Venezuela publicó un nuevo informe en el que consideró que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio y los días posteriores.
El informe acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género antes, durante y después de los comicios. Asimismo, resalta la «persecución» a dirigentes opositores y la «represión» a las protestas.
«Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en la comisión de violaciones y delitos, principalmente detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, en ocasiones junto con grupos armados de civiles, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual y de género», denunció la misión. En este sentido, culpó principalmente al Sebin, DGCIM, PNB y GNB.
Asimismo, acotó que tienen motivos razonables para creer que «algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante el período que cubre este informe representan una continuación de la misma línea de conducta que la Misión caracterizó en informes previos como crímenes de lesa humanidad cometidos en implementación de una política de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno de Maduro».
«Las violaciones graves de derechos humanos investigadas durante este periodo representan una continuación de la misma línea de conducta caracterizada como crímenes de lesa humanidad en informes previos de la misión», sentenció.
También aseguró que «las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia».
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Asimismo, el informe destacó que, según el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, el CNE “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad” el 28 de julio.
Además, acusó a otras instituciones del Estado de estar alineadas a esta política encomendada desde Miraflores.
«La Asamblea Nacional continuó siendo instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático. El sistema de justicia, incluyendo tanto al Tribunal Supremo de Justicia, órgano rector del Poder Judicial, como el Ministerio Público, continuó operando con falta de independencia e imparcialidad y sometido a los dictámenes del Ejecutivo», sostuvo.
En el pasado, la Misión había reportado violaciones a los derechos humanos en contra de dirigentes políticos. Sin embargo, en esta ocasión señaló que organismos de seguridad ampliaron el perfil de las víctimas.
«Este perfil abarcó no solo a lideresas y líderes políticos y actores de la sociedad civil, sino que, tras las elecciones, incluyó a ciudadanos y ciudadanas comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades», expresó.
Tras el anuncio de los resultados electorales, «las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente. Las detenciones, con cifras reportadas por las propias autoridades, se contaron por miles», añadió.
El texto aseguró que muchas de estas detenciones formaron parte de la “operación Tun Tun”. «Las fuerzas de seguridad detuvieron en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno; las casas de personas percibidas como opositoras se marcaron con una “X” y se habilitó una aplicación móvil alentando a los grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar».
25 MUERTES
«Durante los primeros días de protestas electorales se produjeron al menos 25 muertes, incluidas las de dos niños, y todas, excepto una, a causa de disparos de armas de fuego. Aunque no se ha obtenido por el momento evidencia suficiente para determinar la autoría de estas muertes, la Misión puede concluir que, en al menos ocho de los incidentes fatales, los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como grupos de civiles afines al Gobierno, hicieron uso de armas de fuego durante las manifestaciones. La Misión seguirá investigando estos casos», alertó.
Por otra parte, reportó un gran número de casos de torturas y violencia sexual que incluyeron «puñetazos, golpes con planchas de madera o con botes envueltos en espuma, descargas eléctricas incluso en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño».
