Apenas el 11,6% de las solicitudes de visa especial de visitante, que llegan a la cancillería colombiana, han sido aprobadas desde que se creó este mecanismo, en diciembre de 2024, lo que impide a un gran número de migrantes venezolanos regularizar su situación en territorio neogranadino.
La principal razón de este descalabro es que el Gobierno de Gustavo Petro limitó las alternativas con las que contaban los venezolanos en las dos administraciones previas para gestionar su proceso migratorio de forma segura.
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Durante el mandato de Petro vencieron, y no se renovaron, los términos de registro de los permisos especiales de permanencia (PEP) y del Estatuto Temporal de Protección (ETP) dejando a la población migrante venezolana sin rutas de regularización seguras.
Los migrantes venezolanos que llevan varios años radicados en Colombia de forma regular están tocando las puertas del Estado para pedir una cédula de extranjería, argumentando su permanencia en el país como el motivo para conseguir ese documento.
Pero, para aquellos que apenas migran o que no hicieron los trámites administrativos a tiempo, la única posibilidad es la visa especial de visitante venezolano que el Gobierno de Petro creó y que es difícil de conseguir.
SIN DATOS CLAROS
La revista Semana obtuvo este porcentaje tras hacer una solicitud escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. Esa cartera no dio detalles en cifras sobre la cantidad de visas que le han negado a los venezolanos.
La Cancillería aseguró al mencionado medio colombiano que “los datos en materia de expedición de visados construyen un tipo de información crítica a los intereses del Estado, tanto en el ámbito de la seguridad nacional, como en el ámbito de las decisiones y negociaciones que constantemente se emprenden en desarrollo de la política exterior del país”.
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Lo que si se sabe es que Colombia está exigiendo documentos apostillados, certificados de ingresos, datos de los movimientos migratorios, información de las personas que conviven con el solicitante y hasta adjuntar el último título académico obtenido o una carta de sustentación económica, documentos adicionales que los solicitantes de visa no tienen a disposición, ya que en su país persisten los obstáculos para acceder a los documentos oficiales del Estado, así como para apostillar esos salvoconductos.
“La mayor consecuencia para los venezolanos es la no garantía de derechos y la poca inclusión laboral. Todavía hay un margen alto de personas en situación irregular que no se conoce dónde están, entre 1,2 y 1,5 millones de venezolanos que no están registrados”, apuntó el abogado de la ONG Plan País, César González, según lo reseñado por Semana.
