El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de aprehensión en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu debido al «genocidio» que, según sus palabras, se comete en la Franja de Gaza.
A juicio del gobernante colombiano, Netanyahu «no detendrá el genocidio» en el enclave. Su pedido ocurre solo una semana después que rompiera relaciones diplomáticas con Israel.
Según Petro, la actual situación amerita de una orden de arresto del Tribunal. No obstante, la nación israelí ha criticado toda iniciativa emanada de la corte de La Haya dado que no forma parte de ella.
Para el presidente neogranadino, el Consejo de Seguridad de la ONU «debe entrar a considerar el establecimiento de una fuerza de paz en el territorio de Gaza». Sin embargo, ese escenario por ahora no está entre los planes del organismo. En lo que sí se centran los esfuerzos diplomáticos internacionales es un posible acuerdo para un alto al fuego.
NETANYAHU, CON EXPEDIENTE EN LA CPI
En caso de que prospere una orden de detención contra Netanyahu no sería por la petición de Petro. La razón es que el primer ministro ya tiene un expediente en la CPI dado que desde 2021 esa instancia investiga a Israel por posibles crímenes de guerra.
De hecho en abril pasado, la cadena alemana DW reveló que el Gobierno de Tel Aviv estaría preocupado por la corte de La Haya y la posibilidad de que expida órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Joav Galant; y el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi.
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El pasado 26 de abril, el premier israelí incluso abordó en su Twitter (X) los posibles procedimientos penales. No obstante, aclaró que mientras él gobierne, Israel no acatará ningún fallo de ese tribunal por socavar su «derecho a la autodefensa».
En el supuesto de que la CPI finalmente emita las órdenes, es poco probable que Netanyahu y parte de su gabinete comparezcan ante La Haya. La razón es que esa corte no cuenta con fuerza policial propia para capturar a sospechosos. En dado caso, esa ordenanza solo limitaría el libre movimiento del primer ministro por el mundo.
