La Corte Suprema de Colombia frenó este jueves las extradiciones hacia Venezuela al alegar que los detenidos podrían sufrir violaciones de derechos humanos si están en manos del gobierno de Maduro.
El Tiempo de Colombia precisó que una tercera parte de los magistrados salvaron su voto ante las solicitudes de extradición. Filtraciones apuntan que se debe al riesgo que corren los detenidos en Venezuela.
Esta es una medida que se veía venir al evaluar los casos de varios detenidos en los últimos meses. El primer «campanazo» lo dio el magistrado Gerardo Barbosa Castillo en noviembre del año pasado en el caso del exmilitar Juan González, solicitado en Venezuela.
«Si una persona reclamada en extradición por Venezuela debe ser investigada y/o juzgada, Colombia puede hacerlo conforme a su legislación, sin dejarla en manos de un régimen fundadamente desconfiable en términos de respeto a los derechos humanos», dijo.
RIESGO DE LOS DETENIDOS
Barbosa argumentó que, en caso de extraditar al exmilitar González, el Estado colombiano «pondría en riesgo su vida». El magistrado se basó en las alertas e informaciones de varios organismos internacionales.
Los abogados consideraron que se deben «adoptar medidas que garanticen la integridad de las personas solicitadas en extradición» en Venezuela. En tal sentido, creen que Colombia debe juzgarlos.
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«Acceder al pedido (…) abre la posibilidad a que las personas que son requeridas en extradición corran un riesgo sobre sus bienes jurídicos, aspecto que la Corte Suprema de Justicia no puede coadyuvar», dijo el magistrado Carlos Solórzano.
Igualmente, especialistas subrayan que esta medida no tendrá un impacto en el sistema penitenciario colombiano. Aparentemente, Venezuela ha solicitado a pocas personas y solamente se dieron dos extradiciones desde 2022.
