La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos emitió un fallo dividido (2-1) que avala la aplicación de la Ley SB 264, una normativa impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en 2023, que prohíbe la compra de propiedades a extranjeros, incluyendo a los venezolanos.
En concreto, esta ley prohíbe a ciudadanos de países considerados de “preocupación extranjera” —como China, Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Siria— adquirir propiedades en zonas estratégicas del estado, especialmente cerca de infraestructuras críticas como bases militares, plantas de energía y puertos.
Leer Más
LEA TAMBIÉN: 250.000 VENEZOLANOS PERDERÁN EL TPS ESTE 7NOV: ¿QUÉ PASARÁ AHORA Y CUÁLES SON LAS OPCIONES?
El argumento central de la administración DeSantis es que la medida busca proteger la seguridad nacional y estatal frente a posibles amenazas extranjeras.
Según el gobernador, permitir que ciudadanos de ciertos países compren terrenos cercanos a instalaciones sensibles podría representar un riesgo para la soberanía e integridad de Florida.
La controversia no se ha hecho esperar. Mientras el gobierno estatal celebra el fallo como una victoria para la protección del territorio, grupos de defensa de derechos civiles lo ven como un retroceso. Dicen que reaviva prácticas de exclusión basadas en el origen nacional.
“Hoy ganamos en grande en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos del Undécimo Circuito, defendiendo nuestra ley que previene la posesión de tierra en Florida por el Partido Comunista Chino”, celebró el fiscal general, James Uthmeier, tras conocerse la resolución.
En contraste, desde la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la abogada sénior Ashley Gorski sostuvo que “todas las personas, sin importar de dónde vinieron, deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas en Florida sin temor a la discriminación”.
¿FIGURAN EXCEPCIONES?
Vale aclarar, que la decisión judicial establece ciertas salvedades. Se precisó que quienes posean visas diferentes a la de turista, así como los solicitantes de asilo, están autorizados a comprar una sola propiedad residencial. Pero, con un límite de hasta 8.000 metros cuadrados, siempre que esté ubicada a más de ocho kilómetros de cualquier instalación militar.
¿CUÁL ES POSIBLE IMPACTO?
El fallo judicial se produce en un contexto decisivo para el sector inmobiliario de Florida, considerado uno de los más dinámicos del país.
De acuerdo con cifras de Miami Realtors (2024), aproximadamente una quinta parte de las operaciones de compraventa de viviendas en el estado involucran a compradores extranjeros.
La entrada en vigor de la Ley SB 264 podría disminuir esa proporción. De hecho, podría impactar la demanda en áreas donde el capital internacional ha sido clave para impulsar el crecimiento urbano.
No obstante, diversos sectores han manifestado preocupación por las posibles repercusiones que van más allá del mercado de bienes raíces.
Grupos defensores de los derechos civiles alertaron que la ley podría fomentar actitudes de recelo hacia comunidades inmigrantes. En especial, las de origen asiático, contribuyendo a un ambiente de exclusión dentro del estado.
A su vez, expertos en economía advirtieron que una caída en la participación de compradores internacionales podría frenar el dinamismo del sector inmobiliario. Particularmente, en aquellos condados donde la inversión extranjera ha sido un motor clave de desarrollo.
