Uno de los migrantes venezolanos que estuvo en el Cecot en El Salvador, anunció una demanda civil por 1,3 millones de dólares contra el Gobierno de Donald Trump por las violaciones al debido proceso que hubo en su detención y expulsión.
Neyiyerver Adrián León Rengel, al igual que los otros migrantes venezolanos, pasó cuatro meses en la cárcel de máxima seguridad y luego lo deportaron a Venezuela. Durante su reclusión, denunció que sufrió abuso «físico, verbal y psicológico». En este sentido, explicó que los 1.3 millones de dólares que pide serán como retribución por daños.
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El ciudadano venezolano cuenta con el respaldo de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que lo acompañará en la demanda. Se trata de la primera acción legal de este tipo por parte de uno de los migrantes afectados por las violaciones al debido proceso perpetradas por Estados Unidos.
«Los funcionarios federales le mintieron a Rengel, diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador, un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales, donde sufrió abusos», se lee en el texto.
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Lo peor del caso, es que Estados Unidos no se ha retractado luego de justificar las deportaciones a El Salvador asegurando que los más de 250 migrantes forman parte del Tren de Aragua. Además, para llevar a cabo este plan violó el debido proceso negándoles un juicio, un abogado, e incluso los dejó completamente incomunicados.
León de 27 años trabajaba como barbero en Irving, a las afueras de Dallas, Texas, y lo detuvieron agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estacionamiento de su apartamento.
ENTRÓ LEGALMENTE A EEUU A PESAR DE LO QUE DICE TRUMP
Neyiyerver Adrián León Rengel ingresó legalmente a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. En la denuncia destaca que funcionarios del gobierno de Trump lo identificaron «erróneamente» como miembro del Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.
En el Cecot, Rengel afirmó que soportó condiciones «inhumanas y deplorables». «Fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir».
Los guardias de seguridad de la prisión lo golpearon «en su pecho y su estómago» con puños y bastones y, en una ocasión, lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido».
El director ejecutivo de LULAC, Juan Proaño, advirtió que la historia de Rengel es un «llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho».
«El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional», indicó Proaño en un comunicado.
Estos migrantes sufrieron durante cuatro meses el trato que se les da a cualquier terrorista, sin cometer ningún tipo de delito. Finalmente, el gobierno de Trump los usó como fichas de canje para poder recuperar a los presos políticos estadounidenses que tenía el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
