El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante un juez federal que la situación política en Venezuela, marcada por la captura de Nicolás Maduro e incertidumbre institucional, hace “inviable” revisar las deportaciones de migrantes venezolanos enviadas en los últimos meses.
De acuerdo con el reporte de Bloomberg, el argumento central de la administración Trump es que el escenario venezolano cambia con demasiada rapidez como para garantizar un proceso de revisión seguro, ordenado y verificable.
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Según la misma administración, la falta de claridad sobre quién controla las instituciones en Caracas impediría coordinar retornos, verificar identidades o garantizar que los deportados no enfrenten riesgos adicionales.
Vale recordar, que un juez estadounidense determinó en diciembre que unos 137 migrantes deben tener la oportunidad de impugnar, de forma retroactiva, las deportaciones ejecutadas en marzo de 2025.
Sin embargo, en un documento entregado este lunes a última hora, representantes del Departamento de Justicia argumentaron que realizar audiencias virtuales para estos hombres desde Venezuela implicaría “barreras legales y operativas imposibles de superar”.
Además, advirtieron que cualquier intento de trasladarlos nuevamente a territorio estadounidense “perturbaría las negociaciones en desarrollo”. En específico, con las autoridades que asumieron el poder tras la salida de Maduro.
¿QUÉ DICE MARCO RUBIO?
En una declaración adjunta, el secretario de Estado y uno de los funcionarios a cargo de Venezuela, Marco Rubio, dijo que plantear el caso de los migrantes ante el gobierno venezolano “pondría en riesgo daños materiales a los intereses de política exterior de Estados Unidos en Venezuela”.
Estados Unidos “sigue involucrado para ver cambios en Venezuela”, escribió Rubio.
“Estos esfuerzos implican un compromiso continuo, intenso y extraordinariamente delicado con elementos dentro del régimen del sucesor de Maduro. La llamada presidenta interina Delcy Rodríguez”, agregó.
VENEZOLANOS DEPORTADOS
Como se reportó en su oportunidad, los venezolanos fueron trasladados desde Estados Unidos a una prisión en El Salvador en marzo. «Sin aviso previo ni posibilidad de presentar objeciones».
Trump ordenó sus expulsiones aceleradas amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Se alegó que los migrantes pertenecían al grupo criminal venezolano Tren de Aragua
Meses después, en julio, las autoridades salvadoreñas enviaron a estos deportados de regreso a Venezuela, donde quedaron en libertad.
El proceso judicial ahora se concentra en unos 137 de los 252 migrantes cuyas deportaciones estaban inicialmente bajo revisión.
A finales de diciembre, el juez principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, James Boasberg, concluyó que “no existe una controversia genuina” respecto a que el grupo de migrantes “recibió un proceso constitucionalmente inadecuado”.
Desde su tribunal en Washington, Boasberg ordenó al gobierno diseñar un mecanismo que permita a los venezolanos impugnar su presunta vinculación con la organización criminal. También la validez de la orden de deportación emitida por la administración Trump.
El Departamento de Justicia dijo que apelará cualquier orden de Boasberg, que obligue a los funcionarios a actuar.
Abogados del gobierno insistieron en el escrito del lunes que la “inestabilidad política actual” crea el riesgo de “interferencia intencional” con audiencias por video. Señalaron que esto podría complicar el acceso de los migrantes a «pruebas y abogados».
Además de los desafíos diplomáticos para intentar traer de regreso a los hombres, el gobierno señaló que los viajes fuera de Venezuela están “fuertemente restringidos”.
