Por medio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el Gobierno de Estados Unidos confirmó que ha ejecutado la deportación de más de medio millón de migrantes indocumentados desde el 20 de enero del presente año, fecha en la que el presidente de EEUU, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca.
De acuerdo con el DHS, la cifra concreta rondaría los 527.000 migrantes deportados desde que Trump endureció las políticas contra los migrantes con estatus irregular en EEUU.
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Esta cifra forma parte de una ambiciosa meta trazada por la administración: alcanzar el millón de deportaciones en su primer año de gestión, como parte de su promesa electoral de reforzar el control migratorio.
Como se sabe, la estrategia ha implicado una expansión significativa de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyendo la contratación masiva de nuevos agentes y la asignación de miles de millones de dólares en fondos federales.
Sin embargo, funcionarios internos han señalado a medios locales que ICE enfrenta dificultades logísticas y operativas para manejar el volumen de casos, lo que ha generado críticas sobre la efectividad y el impacto humano de estas medidas.
¿CUÁNTOS MIGRANTES SE HAN AUTODEPORTADO?
Además de las deportaciones oficiales, la administración Trump precisó que más de 1.6 millones de migrantes indocumentados se habrían autodeportado del país en lo que va del año.
“Esto es solo el comienzo. Los inmigrantes indocumentados están escuchando nuestro mensaje de que se vayan del país o, de lo contrario, pagarán las consecuencias”, expresó recientemente la subsecretaria del Departamento de Seguridad Interior, Patricia McLaughlin.
Básicamente, la administración Trump sostiene que estas acciones son necesarias para restaurar el orden migratorio y proteger la seguridad nacional.
No obstante, el debate sobre la legalidad, proporcionalidad y consecuencias de estas políticas sigue abierto. Mientras algunos sectores aplauden la firmeza del Gobierno, otros cuestionan la falta de mecanismos humanitarios y el trato a quienes buscan una vida mejor en los Estados Unidos.
«El presidente Trump y la secretaria del DHS, Kristi Noem, han reactivado una agencia que estuvo atada de manos e impedida de hacer su trabajo durante los últimos cuatro años. Frente a un número histórico de medidas cautelares de jueces activistas y amenazas a las fuerzas del orden, el DHS, ICE y CBP no solo han cerrado la frontera, sino que han logrado avances históricos para cumplir la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a extranjeros ilegales que han invadido nuestro país”, aseveró McLaughlin.
