En menos de un mes, desde el centro de detención migratoria conocido como «Alligator Alcatraz», ubicado en los pantanos de los Everglades, en Florida (EEUU), se han deportado a más de 100 personas, según cifras oficiales.
Construido en apenas ocho días sobre una pista abandonada, este complejo improvisado ha sido impulsado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Todo, en el marco de su política de mano dura contra la inmigración irregular.
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Los primeros vuelos de deportación ya han despegado desde el pasado viernes hacia destinos no especificados, mientras se espera que el ritmo aumente en las próximas semanas, de acuerdo con medio locales.
Los testimonios de migrantes detenidos revelan aparentemente un panorama alarmante: presiones para firmar acuerdos de deportación, falta de acceso a abogados y demoras de hasta un mes para ser trasladados a tribunales en Miami.
“La única opción que están dando es deportación. No quieren decir nada, no quieren dejar entrar a nadie. Ni siquiera hacer las llamadas con los abogados”, dijo un venezolano de Tampa detenido en el «Alligator Alcatraz», quien pidió proteger su identidad por temor a represalias; también aseguró que su esposa es ciudadana estadounidense.
“Lo único que me dicen es que no tengo solución de nada, que la solución más probable que tengo es la deportación. Yo no quiero deportarme, yo estoy aquí en proceso de arreglar mis papeles y todo”, agregó.
El venezolano, quien afirmó haber sido detenido por un problema de tránsito, aseguró que cuenta con un abogado. Sin embargo, aseveró que no le permiten iniciar el proceso legal hasta que, supuestamente, lo trasladen a la central en Miami.
RETENIDOS «SIN CARGOS Y ACCESO A LA JUSTICIA»
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) han interpuesto demandas. Alegaron, precisamente, que los detenidos están siendo retenidos sin cargos y sin acceso a la justicia.
En consecuencia, el juez federal Rodolfo A. Ruiz II ha solicitado más información para esclarecer quién tiene jurisdicción sobre el centro, que opera en una «zona gris legal».
En tanto, las condiciones dentro de «Alligator Alcatraz» han sido descritas como deplorables. Migrantes denuncian alimentación insuficiente, restricciones para el aseo personal y falta de atención médica.
El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que el centro no está bajo control del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés), sino de la División de Manejo de Emergencias de Florida, con apoyo de la Guardia Nacional.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre quién supervisa realmente las operaciones. Activistas, abogados y familiares exigen transparencia y acceso al centro, mientras la próxima audiencia judicial está programada para el 18 de agosto.
