La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener intacto el derecho constitucional al matrimonio homosexual o igualitario, rechazando una apelación que buscaba revertir el histórico fallo de 2015.
De acuerdo con la información citada por NBC News y otros medios estadounidenses, la decisión surge tras la apelación presentada por Kim Davis, exfuncionaria del estado de Kentucky, quien en 2015 se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo alegando motivos religiosos, causa por la cual fue demanda.
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Davis buscaba que la Corte Suprema revisara su caso y, en consecuencia, reconsiderara la validez del fallo Obergefell v. Hodges, que estableció el matrimonio igualitario como un derecho constitucional en todo Estados Unidos.
Sin embargo, los jueces decidieron no admitir la petición, cerrando la puerta a un posible retroceso en esta materia.
La decisión fue emitida en una orden breve y sin explicación detallada, como suele ocurrir en casos en los que el tribunal rechaza revisar apelaciones.
Pero la orden, aunque discreta, tiene un fuerte impacto político y social: mantiene la estabilidad legal de millones de parejas del mismo sexo y envía un mensaje claro sobre la solidez del precedente establecido hace una década.
Desde aquel histórico fallo de 2015, se estima que más de 600.000 parejas del mismo sexo han celebrado matrimonios civiles, según datos del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), consolidando así un cambio social de gran alcance.
REACCIONES
Como era de esperarse, Organizaciones defensoras de los derechos humanos celebraron la decisión como una victoria que «garantiza la igualdad y dignidad de las parejas del mismo sexo».
Activistas señalaron que, aunque la mayoría conservadora del tribunal había generado incertidumbre, este fallo demuestra que el matrimonio igualitario sigue siendo un derecho protegido por la Constitución.
«Hoy, la Corte Suprema reafirmó lo que todos sabemos: la igualdad matrimonial es ley en todo el país», dijo Kevin Jennings, director ejecutivo de Lambda Legal, en un comunicado.
¿QUIÉNES DEMANDARON A DAVIS?
Como se apuntó, Davis se negó a emitir licencias de matrimonio, alegando que sus convicciones como cristiana conservadora le otorgaban el derecho a no aparecer en documentos oficiales de parejas del mismo sexo.
En este sentido, desde su oficina en el condado de Rowan, en Kentucky, Davis bloqueó el acceso al matrimonio civil para varias parejas homosexuales. Entre los afectados estuvieron David Moore y David Ermold, quienes posteriormente interpusieron una demanda por violación de derechos civiles, convirtiéndose en símbolo de la resistencia legal contra la discriminación.
Posteriormente, Davis recibió la orden de expedir una licencia a Moore y Ermold, pero desobedeció el mandato judicial y siguió negándose a hacerlo. El juez la declaró entonces en desacato y fue encarcelada durante seis días.
¿QUÉ OCURRIÓ CON DAVIS?
Durante el tiempo en que Davis estuvo encarcelada, Moore y Ermold lograron obtener su licencia de matrimonio. Para resolver la controversia, el estado modificó la ley y permitió que las licencias se emitieran sin el nombre del secretario.
Sin embargo, el litigio contra Davis siguió adelante. La pareja reclamó una indemnización por la negativa inicial y, tras un proceso prolongado, un jurado les otorgó 100.000 dólares. Además, según sus abogados, Davis debió cubrir 260.000 dólares en honorarios legales.
La exfuncionaria apeló, argumentando que debía poder invocar su derecho al libre ejercicio religioso bajo la Primera Enmienda. Tras perder en el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito, con sede en Cincinnati, en marzo de este año, llevó el caso a la Corte Suprema, donde planteó tanto esa defensa como la polémica posibilidad de revertir el fallo Obergefell.
¿QUÉ PASARÁ AHORA?
Ahora, una vez conocido el rechazo a la apelación del Supremo, el expediente regresará al tribunal inferior, donde Moore y Ermold —quienes evitaron pronunciarse sobre la última acción judicial— buscarán cobrar los daños que se les reconocieron.
