La reciente decisión de la Corte Suprema de EEUU, de revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos, ha generado una ola de incertidumbre en el sur de Florida, una región profundamente influenciada por la migración venezolana.
En primera instancia, esta medida afectará directamente a más de 350.000 personas, quienes ya comenzaron a peder sus permisos de trabajo y protección contra la deportación, lo que podría tener consecuencias económicas y sociales de gran alcance.
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Empresarios como Mario J. Benedetti, propietario de varios concesionarios de automóviles en Miami, han expresado su preocupación por el impacto que esta decisión tendrá en sus negocios.
Benedetti emplea a más de 100 venezolanos, muchos de ellos bajo TPS o en proceso de asilo, y ahora enfrenta el reto de ayudarles a obtener un estatus migratorio alternativo para evitar la pérdida de talento y estabilidad en su empresa.
“¿Cómo le dices a un empleado que tiene que regresar a Venezuela?”, se preguntó durante una entrevista citada por El Nuevo Herald. Destacó, que la mayoría de los migrantes, no se fueron por elección, sino por necesidad.
“Si nuestro país no hubiera pasado por una crisis política y económica tan grande, todavía estaríamos allí”, sostuvo el comerciante.
El aporte económico de los venezolanos con TPS ha sido significativo. Según la organización FWD.us, este grupo contribuye con aproximadamente $11.500 millones anuales a la economía estadounidense.
En ciudades como Doral y Miami, los venezolanos han impulsado el crecimiento de pequeños negocios, restaurantes y empresas de servicios, generando empleo y pagando impuestos.
Es por ello, que la eliminación del TPS amenaza con desestabilizar estos sectores, especialmente en un momento en que la demanda laboral supera la oferta.
Además del impacto económico, la medida ha reavivado el debate sobre la política migratoria estadounidense. Mientras la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, justifica la revocación del TPS por razones de seguridad nacional, líderes comunitarios y analistas denuncian que se trata de una generalización injusta que estigmatiza a toda una comunidad.
Para muchos de estos sectores defensores de migrantes, hay una contradicción que es evidente: aunque se argumentó que Venezuela ha mejorado, el Departamento de Estado mantiene su recomendación de evitar viajar al país por razones de seguridad.
LA PEOR PARTE
Es probable que Florida cargue con la peor parte de las consecuencias del fin del TPS. Casi la mitad de todos los venezolanos que tenían protecciones contra la deportación viven en el estado, remarcó el economista Michael Clemens, profesor de la Universidad George Mason.
Según el análisis realizado por Clemens, los trabajadores venezolanos beneficiarios del TPS se concentran mayoritariamente en sectores de servicios.
El área de hospitalidad y recreación encabeza la lista, empleando al 16.3 % de estos trabajadores, seguida de cerca por el comercio minorista, que absorbe un 15.3%.
Otros sectores con una presencia destacada de venezolanos incluyen los servicios profesionales y científicos (13.4 %), la construcción (11.2 %) y los rubros de salud y educación (10.5 %). A diferencia de otros grupos migrantes, los venezolanos casi no participan en actividades agrícolas o en empleos rurales.
