Una nueva directiva del gobierno de los Estados Unidos ampliaría el alcance de los exámenes médicos exigidos a solicitantes de visas, incluyendo ahora la evaluación de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cáncer, obesidad y afecciones cardíacas.
Tradicionalmente, la legislación migratoria estadounidense se ha centrado en impedir el ingreso de personas con enfermedades contagiosas que representen un riesgo para la salud pública, como tuberculosis o sífilis.
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Sin embargo, la nueva guía del Departamento de Estado extiende ese escrutinio hacia condiciones crónicas que no son transmisibles, bajo el argumento de que podrían generar dependencia de recursos públicos.
Este cambio, revelado por The Washington Post, marcaría un endurecimiento en los criterios de admisión y refuerza la visión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de restringir todavía más la inmigración legal.
De acuerdo con el mismo medio, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, comunicó la directiva a consulados y embajadas mediante un cable fechado el 6 de noviembre.
La supuesta instrucción establece que la obesidad y otras enfermedades crónicas deben ser consideradas como posibles motivos de rechazo en las solicitudes de visa.
Con ello, los oficiales consulares disponen de nuevos argumentos para negar el ingreso de extranjeros, ampliando la evaluación médica más allá de las enfermedades infecciosas y alineándose con los esfuerzos de la administración por reducir la llegada de más migrantes.
REACCIONES
Los críticos advierten que esta política abre la puerta a decisiones subjetivas y discriminatorias. Al vincular la salud con la capacidad económica, sostienen que se corre el riesgo de convertir condiciones médicas tratables en barreras insalvables para quienes buscan ingresar a Estados Unidos de manera legal.
Actualmente, los solicitantes de visa deben someterse a exámenes médicos que verifican vacunaciones, historial de consumo de drogas o alcohol, salud mental y antecedentes de violencia.
Con la nueva directiva, se añade un componente económico que, según defensores de derechos humanos, difumina la frontera entre salud y estatus social.
“Están implementando estas restricciones, creo, para que al final los inmigrantes no se conviertan en una carga para el país —al menos así lo entendí yo”, dijo Helene Villalonga, activista venezolana y líder comunitaria en el sur de Florida.
“Pero me parece discriminatorio, como todo lo que ha hecho la administración de Donald Trump”, acotó.
“Esta política también encaja con el pensamiento y la forma de actuar del secretario de Salud, el Sr. Kennedy, respecto a su política y su visión de la sociedad estadounidense”, dijo, en contraparte, Manuel Vallina Grisanti, abogado venezolano-americano radicado en el sur de Florida, especializado en derecho internacional y derechos humanos.
“Cada país y cada gobierno es libre de imponer las reglas que considere, incluso si a uno no le gustan, ¿verdad?”, agregó.
“Lo que se busca, me imagino, con este tipo de medida, es minimizar los costos para las agencias de salud estadounidenses y, por lo tanto, para los contribuyentes —lo que podría tener que pagarse en el futuro por servicios médicos para personas con ciertas enfermedades”, argumentó.
“Esto no es algo que solo Estados Unidos quiere implementar; otros países europeos están haciendo lo mismo”, remarcó.
