Autoridades de México imputaron a un migrante venezolano por presuntamente originar el incendio en refugio de Ciudad Juárez. Jeison Daniel Catarí, habría prendido fuego a unas colchonetas en la puerta del albergue como forma de protesta ante la inminente deportación.
El fuego se propagó rápidamente por el lugar y los guardias del Instituto Nacional de Migración (INM) no hicieron nada por rescatar a los migrantes que quedaron atrapados en las llamas. En incendio dejó un saldo de 40 fallecidos y 28 heridos. La mayoría de las víctimas provenían de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador.
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El venezolano fue detenido y vinculado a proceso por los delitos de homicidio con acción dolosa y lesiones, junto con tres funcionarios del INM y un guardia privado, quienes fueron imputados por homicidio por omisión dolosa y lesiones. El juez federal concedió un mes para la investigación complementaria.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se han realizado diversas diligencias para esclarecer los hechos. Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad, efectuaron la recolección de evidencias, la toma de declaraciones y peritajes. Asimismo, se ha brindado atención médica y psicológica a los sobrevivientes y se ha coordinado con los consulados de los países de origen para la repatriación de los cuerpos.
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El hecho ha conmocionado a la opinión pública nacional e internacional y ha puesto en evidencia las precarias condiciones en las que se encuentran los migrantes que intentan cruzar la frontera norte de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el suceso y aseguró que se hará justicia. También anunció que se revisará el funcionamiento del INM y se buscará mejorar las condiciones de los centros migratorios. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard expresó su solidaridad con las víctimas y dijo que se aplicará todo el peso de la ley.
Sin embargo, estas declaraciones no han sido suficientes para calmar el malestar y la indignación de los familiares de los fallecidos y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Diferentes organismos han denunciado que el incendio es una muestra más de la violencia institucional y la criminalización que sufren los migrantes en México.
La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de El Salvador, Cindy Portal, quien viajó a Ciudad Juárez para apoyar a sus compatriotas afectados, calificó el hecho como un «crimen de Estado» y pidió la destitución del titular del INM.
Desde 2019 México ha endurecido sus medidas de control y contención ante la presión de Estados Unidos para frenar el flujo migratorio hacia su territorio. Esto ha implicado el aumento de las detenciones, las deportaciones y las restricciones a las solicitudes de asilo.
