En una jornada cargada de tensión y esperanza, los defensores de los migrantes venezolanos en EEUU celebraron una victoria parcial en los tribunales. El caso gira en torno a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 ciudadanos del país caribeño, una medida tomada por la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, bajo la administración de Donald Trump.
Los abogados que representan a los beneficiarios del TPS argumentaron que Noem no tenía autoridad para revocar las protecciones otorgadas por el expresidente de EEUU Joe Biden, y que sus razones estaban motivadas por prejuicios raciales.
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Además se dijo que Noem no tiene autoridad para revocar el TPS, ya que es un programa humanitario designado por el Congreso.
Aunque el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito todavía no ha emitido un fallo definitivo, los jueces mostraron escepticismo ante los argumentos del gobierno.
La audiencia del caso, celebrada en Pasadena, dejó al descubierto tensiones profundas sobre el uso del poder ejecutivo en temas migratorios. Los jueces cuestionaron duramente a los representantes del gobierno, quienes intentaron justificar la cancelación del TPS con argumentos que fueron calificados como paratextuales y discriminatorios.
Las declaraciones previas de Noem, en las que vinculaba a los venezolanos con el crimen organizado y el “Tren de Aragua”, fueron citadas como evidencia de animosidad racial.
Para Ahilan Arulantham, abogado del caso y codirector del Center for Immigration Law and Policy at UCLA, y Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), este intento de revocar protecciones ya otorgadas representa una violación constitucional sin precedentes en los 35 años de historia del programa.
BATALLA LEGAL DEL TPS Y SUS IMPLICACIONES
El impacto de esta batalla legal va más allá de Venezuela. La decisión que tome el Noveno Circuito podría sentar un precedente para otros países con TPS, como Haití. La designación de esta nación también fue cancelada recientemente por el DHS.
Activistas como Adelys Ferros, directora ejecutiva de la organización Venezuelan American Caucus, y Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Ángeles, han denunciado que estas acciones forman parte de una política sistemática de exclusión racial.
Ferros incluso calificó la situación como una “limpieza étnica”, señalando que los migrantes latinos, afroamericanos y marrones están siendo perseguidos de manera cruel e inhumana.
En consecuencia, la lucha por el TPS se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a políticas migratorias que, según los defensores, buscan desmantelar los avances humanitarios logrados en años recientes.
La historia del TPS para Venezuela ha sido una montaña rusa de decisiones contradictorias. En enero de 2025, el entonces secretario del DHS Alejandro Mayorkas extendió el programa hasta 2026. Sin embargo, apenas semanas después, Noem anuló esa extensión, provocando una ola de incertidumbre entre los beneficiarios.
Aunque un juez federal bloqueó temporalmente la cancelación, la Corte Suprema permitió que el DHS rescindiera el TPS de 2023. Esto dejó la decisión final en manos del Noveno Circuito.
La audiencia final de la demanda entablada por la Alianza Nacional del TPS será el 1 de agosto. Ese día la corte escuchará argumentos de ambos lados y considerará la evidencia.
