En Tennessee (EEUU), una nueva ley resulta en otro duro golpe para los migrantes indocumentados. La legislación, conocida como Senate Bill 392, convierte en delito grave el acto de “albergar” a migrantes con estatus irregular si se obtiene algún beneficio económico a cambio.
De acuerdo con la información proporcionada por CBS News, esto incluye alquilar departamentos, ofrecer refugio o incluso compartir vivienda con familiares o migrantes sin estatus legal.
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Aunque los impulsores de la ley aseguran que su objetivo es combatir el contrabando humano, su redacción ambigua ha generado temor entre quienes realizan actos de ayuda humanitaria o simplemente conviven con seres queridos en situación migratoria irregular.
Sin embargo, el impulsor de la ley, Chris Todd, representante estatal, enfatizó que el objetivo es permitir que fiscales y fuerzas de seguridad “puedan intervenir antes de que ocurra una situación de contrabando”.
La norma, que entró en vigor este martes, 1 de julio, establece multas de hasta mil dólares por cada persona indocumentada alojada.
Las implicaciones son profundas: iglesias que ofrecen refugio, propietarios que alquilan sin pedir documentos, y familias de estatus migratorio mixto podrían enfrentar consecuencias legales.
Organizaciones como la Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC, por sus siglas en inglés) advierten que esta ley no busca mejorar la seguridad pública. Afirmaron que quieren es ejercer control mediante el castigo. Desde su perspectiva, se trata de una estrategia deliberada para generar sufrimiento en comunidades vulnerables.
La reacción no se ha hecho esperar. Una coalición encabezada por el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América presentó una demanda federal para frenar la implementación de la ley.
En ella participan también un arrendador de Nashville y una inmigrante mexicana residente en el estado. Representados por instituciones como Georgetown Law y el American Immigration Council, los demandantes argumentan que la ley invade competencias federales sobre inmigración. También dicen que viola derechos constitucionales como la libertad religiosa y de asociación.
Mientras tanto, el impacto ya se siente en las calles. Algunos propietarios comenzaron a exigir pruebas de estatus migratorio a sus inquilinos, y se han reportado casos de desalojos tras la promulgación de la ley.
La directora del programa Eviction Right to Counsel, Anne Boatner, confirmó que han recibido múltiples llamadas de residentes preocupados por perder sus hogares.
