En el norte de San Luis, Misuri (EEUU), la comunidad enfrenta una crisis de salud pública vinculada a la contaminación radiactiva de Coldwater Creek.
De acuerdo con medios locales, este arroyo, que atraviesa áreas residenciales, ha sido identificado como un posible foco de enfermedades graves debido a residuos de uranio y torio depositados en la zona desde la Segunda Guerra Mundial.
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La preocupación ha aumentado tras el reporte de 15 muertes por cáncer en una sola calle, lo que ha llevado a los residentes a exigir respuestas y medidas urgentes.
El origen del problema se remonta al Proyecto Manhattan, el programa secreto del gobierno de Estados Unidos para desarrollar armas nucleares.
La planta Mallinckrodt Chemical Works, encargada de refinar uranio y torio, dejó toneladas de residuos sin encapsular cerca del arroyo.
Con el paso de los años, estos materiales se filtraron en el suelo y agua subterránea, exponiendo a generaciones de habitantes a sustancias altamente peligrosas como radio-226, uranio-238 y torio-230. Estudios han demostrado que estas sustancias pueden aumentar el riesgo de leucemia, cáncer óseo y linfomas.
Los efectos de esta contaminación han sido devastadores. Según la organización Just Moms STL, más de 3.300 personas han reportado enfermedades graves, incluyendo 1.242 casos de cáncer.
Entre los diagnósticos más comunes se encuentran cáncer cerebral, de tiroides y diversos sarcomas. Un estudio del Departamento de Salud de Misuri reveló tasas elevadas de cáncer de mama, próstata, colon y riñón en los códigos postales cercanos al arroyo.
Sin embargo, las autoridades han argumentado que estos aumentos podrían estar relacionados con factores como el consumo de tabaco y la dieta.
A pesar de la evidencia, la respuesta gubernamental ha sido insuficiente. Los residentes han denunciado la falta de medidas efectivas para limpiar la zona y prevenir más enfermedades.
Además, un programa de compensación para víctimas de exposición a la radiación expiró en 2024, dejando a muchas familias sin apoyo financiero.
La comunidad sigue luchando por justicia, exigiendo que el gobierno reconozca la gravedad del problema y tome acciones concretas para proteger la salud pública.
