La Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) en EEUU implementó una nueva política que permite a los jueces de inmigración rechazar solicitudes de asilo sin necesidad de realizar audiencias.
Según un memorando interno emitido por la directora interina de la EOIR, Sirce Owen, esta medida busca agilizar el manejo de los más de 3.7 millones de casos acumulados en los tribunales de inmigración. ¿Qué implica esta medida?
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Los jueces ahora pueden desestimar solicitudes que consideren «legalmente insuficientes», es decir, aquellas que no cumplan con los requisitos legales básicos para el asilo.
La política establece que los solicitantes de asilo deben demostrar que su caso se ajusta a una de las cinco causales reconocidas por la ley: persecución por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular.
El punto polémico, es que si un juez determina que la solicitud no cumple con estos criterios, puede rechazarla sin convocar una audiencia.
Aunque los solicitantes tienen derecho a apelar estas decisiones en un plazo de 30 días, la carga de la prueba recae completamente en ellos.
En concreto, por medio de la nueva política se explica que los extranjeros en proceso de deportación (donde tienen la oportunidad de pedir asilo) “tienen la carga de demostrar su elegibilidad para cualquier tipo de amparo o protección contra la deportación”. También que, “si un extranjero no demuestra su elegibilidad prima facie para el amparo, dicha solicitud generalmente puede ser previamente cancelada”.
Como era de esperarse, esta medida ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que podría limitar el acceso a un proceso justo para quienes buscan protección.
PETICIONES ASILO ACUMULADAS
Además, algunos expertos legales han señalado que la falta de audiencias podría aumentar el riesgo de errores en la evaluación de casos legítimos. Sin embargo, la EOIR defiende la política como una herramienta necesaria para gestionar de manera más eficiente el sistema de inmigración, que enfrenta una sobrecarga sin precedentes.
De hecho, la EOIR tiene acumulados más de 3.7 millones de casos, la mayoría de asilos.
En 2017, al término del gobierno de Barack Obama, había unos 520.000. Cuatro años más tarde, cuando Trump entregó su primer mandato a Joe Biden, había alrededor de 1.2 millones de expedientes, de acuerdo con datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
